Educación abre la puerta a reducir rutas de transporte escolar

Para la Xunta es un simple trámite, y para la patronal del transporte, el paso previo a un recorte generalizado en el servicio del transporte escolar. La tensión de las relaciones entre la Consellería de Educación y los empresarios ha convertido un artículo del proyecto de ley de Presupuestos de Galicia, el 40, en un nuevo objeto de discordia. La norma prevé que los contratos, que suponen una factura anual próxima a los 120 millones de euros, se puedan modificar "por razones de interés público". No solo esto. También contempla el mecanismo para efectuar modificaciones "consistentes en la variación de los recorridos así como en la reestructuración de los itinerarios". Educación sostiene que es una cuestión "meramente procedimental", para "adaptar las líneas escolares a las necesidades". Los transportistas han asumido recortes, vinculados a la rebaja del 7% en la factura que aceptaron a cambio de una prórroga generalizada para las líneas convencionales, pero rechazarán una reestructuración mayor.

La patronal teme una eliminación generalizada de rutas escolares

La Xunta acusó a los transportistas en octubre de "blindar beneficios"

No es la primera vez que la Consellería de Educación incluye esta cláusula en las cuentas de la comunidad autónoma. Ya el bipartito, desde 2009, preveía modificaciones en los contratos como consecuencia de cambios en las líneas. Los siguientes presupuestos, ya elaborados por la Xunta de Feijóo, incluyeron la alusión a la reestructuración del servicio del transporte escolar. Pero la novedad consiste en que la cláusula aparece por primera vez desde que este mismo año, la Xunta aprobara la prórroga de más de 200 contratos para servicios escolares, por lo que la patronal del transporte que preside Raúl López presume que se avecina una amplia supresión de servicios.

Al poco de ganar las elecciones, la Xunta del Partido Popular amplió mediante una ley urgente todas las concesiones del transporte de viajeros por carretera, en algunos casos hasta 2030. A cambio, las empresas aceptaron una rebaja del 7% en la factura del transporte escolar. La norma le valió a la Xunta la apertura de un expediente de la Comisión Nacional de la Competencia, por "restringir la competencia". "Es una suerte de fraude de ley mediante el que se establece una vía de escape al procedimiento de licitación competitivo", añadía el organismo.

Además de la prórroga del transporte de viajeros, más lucrativo que el escolar para los empresarios, estos compensaron la rebaja de la factura con una eliminación de líneas, que redunda en mayores tiempos de viaje para los escolares. Pero ese es el límite que están dispuestos a aceptar, por lo que cualquier reestructuración que suponga un cierre de rutas, y por lo tanto de contratos, "superior al que dicta la lógica" agravará las ya tensas relaciones con la Consellería de Educación, aseguran fuentes de la patronal.

En las últimas semanas, la supresión de servicios en zonas rurales de Lugo provocó movilizaciones en el sector. La consellería de Jesús Vázquez rechazó las protestas y recordó a los empresarios "la actual situación de grave crisis económica". La Xunta acusó a los transportistas de pretender "blindar los beneficios empresariales en situación de duplicidades de líneas" y de obviar "los intereses reales de la comunidad educativa".

Con ocasión del conflicto con los empresarios de Lugo, Educación reconoció abiertamente el 20 de octubre que, en las zonas donde se produce una mayor pérdida de población infantil, existen líneas que transportan "a muy pocos usuarios y que pueden ser sustituidas mediante otras medidas", entre las que cita la modificación de las rutas. La patronal advierte que el recorte del servicio afectará no solo a los transportistas, sino también a los alumnos, que se verán abocados a padecer trayectos más largos para llegar al centro escolar, en algunos casos superiores a los 60 minutos que la ley establece como máximo.