La UE actuará para que la banca no corte el crédito por la recapitalización

Los ministros de Economía de la UE acordaron ayer establecer una norma europea para evitar que la obligación de recapitalizar los bancos implique una reducción de los créditos. El comisario de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, precisó después del Consejo que se trataba de "asegurar que los bancos se recapitalicen sin consecuencias nefastas para la economía real". "Queremos asegurarnos de que no hay un desendeudamiento masivo y repentino", lo que lleva aparejada una reducción de los créditos. Los ministros tratan de contrarrestar el cierre del grifo crediticio que está llevando a la Unión a las puertas de una nueva recesión.

Barnier anunció un "enfoque legislativo a nivel europeo" para que los supervisores nacionales puedan tomar las disposiciones necesarias para asegurar una "buena puesta en práctica del plan de recapitalización". La Comisión propondrá la medida "muy rápidamente", aunque no adelantó en qué consistirá.

Acuerdo para fijar los desequilibrios económicos que vigilará Bruselas

Salgado confía en que a España no se le abra siquiera un expediente

Según los criterios de la Autoridad Bancaria Europea (ABE), refrendados por el Consejo Europeo, los 70 principales bancos de la Unión precisarán una recapitalización total de 106.000 millones, de los que 26.161 corresponden a España. El objetivo es que los bancos se doten de un colchón temporal suplementario de capital para que sus fondos propios de alta calidad sean el 9% de los riesgos. Ante las dificultades de obtener capital en el mercado y su rechazo instintivo a acudir al sector público, las entidades financieras respondieron con la reducción de los balances, y por tanto de los créditos, en lugar de recapitalizarse. El vicepresidente de Asuntos Económicos, Olli Rehn, y el ministro de Economía polaco, Jacek Rostowski, coincidieron en señalar que no se "trataba de mejorar un ratio, sino de reforzar efectivamente la base de capital de los bancos".

El Consejo no logró avanzar en la imposición de una tasa sobre las transacciones financieras por el rechazo frontal de Reino Unido, donde está concentrada la mayor parte del negocio financiero europeo, que contó con el apoyo de Suecia y la República Checa, principalmente. La vicepresidenta y ministra de Economía española, Elena Salgado, precisó que España está a favor de una tasa a las transacciones financieras que sería de 0,1% en las operaciones con acciones y bonos y del 0,001% en los productos derivados. Salgado señaló que para iniciar su aplicación no sería suficiente un acuerdo en el ámbito del Eurogrupo, sino que se precisaría que la medida fuera adoptada por todos los países de la UE. Los ministros encargaron a la Comisión que prepare nuevos estudios sobre el impacto efectivo de la tasa en la actividad financiera.

Donde sí hubo acuerdo fue en el establecimiento de los indicadores de desequilibrios macroeconómicos que se vigilarán ante una posible sanción: balance por cuenta corriente, posición neta de inversión exterior, cuota de exportaciones, costes laborales nominales unitarios, tipo de cambio real efectivo, evolución del desempleo, deuda del sector privado, evolución del flujo del crédito, precios de las viviendas, y endeudamiento público. En el caso del déficit por cuenta corriente, este podrá ser objeto de recomendaciones y de sanción en caso de reiterado incumplimiento de las mismas, mientras que en el caso de superávit solo se le podrán dirigir recomendaciones.

El procedimiento exigirá, primero, una actuación de la Comisión que tendrá en cuenta la ponderación de estos indicadores. En caso reiterado de incumplimiento de las recomendaciones se podría aplicar una sanción del 0,1% del PIB del país afectado. Salgado aseguró que España no llegará ni a la apertura del procedimiento porque lo que se sanciona no es que se tenga un problema (como el paro en el caso español), sino que se incumplan las recomendaciones. Además, señaló que España está reduciendo desequilibrios como el déficit por cuenta corriente, que tras la corrección de los tres últimos años se ha situado por debajo del límite del 4%. La ministra también destacó la reducción "de los costes laborales unitarios" y "las mejoras en competitividad y productividad".

"No hemos necesitado el análisis de la UE para saber que un déficit excesivo ponía en riesgo la salud de nuestra economía", recordó Salgado.