Un imputado en Brugal va al juzgado nada más ordenar el juez su arresto

Había eludido dos citas sucesivas del juez para interrogarle como imputado. Sin embargo, apenas unos minutos después de conocer que el magistrado había firmado el auto para su busca y captura se personó en la sede judicial. El protagonista de esta peripecia judicial ha sido el empresario Francisco Artacho, cuñado del exedil Juan Roselló, del PP, y según la investigación, intermediario clave en la trama de la pieza del caso Brugal que investiga un soborno por la contrata de la basura del Ayuntamiento de Calp.

Artacho se presentó en la mañana de ayer en el juzgado número 1 de Dénia nada más conocer que el magistrado había firmado la resolución ordenando a la Guardia Civil su arresto. Artacho había sido citado para la mañana del pasado viernes. Sin embargo, no compareció alegando motivos de salud. El magistrado, sobre la base del informe del forense, rechazó el argumento del empresario y lo conminó a presentarse en el juzgado. Era la segunda vez que el imputado desoía la llamada del juez.

Ortiz vuelve hoy al juzgado por el supuesto soborno a Ripoll por la basura

El juez, según informó el Tribunal Superior de Justicia, tras verificar la identidad de Francisco Artacho, decretó su libertad provisional y lo citó para declarar como imputado el próximo día 15. El magistrado acordó dejar sin efecto la orden arresto.

La policía y el fiscal Anticorrupción sostienen que el industrial Ángel Fenoll se hizo con la contrata de planta de basuras de Calp merced a un soborno de 600.000 euros a políticos y técnicos del Ayuntamiento, en esa fecha gobernado por el PP. La investigación cree probado que Artacho era el intermediario del que se valió la trama para consumar el cohecho. En este sumario abierto por cohecho y tráfico de influencias hay 11 imputados, entre ellos, Javier Morató, exalcalde del PP de Calp.

Por otro lado, el empresario Rafael Gregori se negó en la mañana de ayer a declarar ante el juez, el titular del Juzgado número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, que instruye otra rama del caso Brugal, en este caso un supuesto soborno por la planta de basura de la comarca de La Vega Baja al líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, por parte de los empresarios Fenoll y Enrique Ortiz.

Gregori, al que la investigación también considera como el intermediario clave de esta supuesta trama corrupta del caso Brugal, apenas permaneció en la oficina judicial por espacio de unos 40 minutos. A la salida del juzgado, se limitó a confirmar que se había negado a declarar.

De esta forma, Gregori se ha sumado a la estrategia de otros dos imputados, el industrial Fenoll y su hijo, que también se negaron a declarar alegando la posible ilegalidad de la prueba principal del sumario, las escuchas telefónicas. El propio instructor del caso anuló el pasado mes de junio parte de las escuchas. El fiscal Anticorrupción recurrió el auto a la Audiencia de Alicante, que todavía no se ha pronunciado.

Tras Gregori, el juez interrogará, en calidad de imputado, esta mañana al empresario Enrique Ortiz. El promotor, en unión con la firma Cespa, fue el adjudicatario de la contrata. La policía sostiene que Ortiz y Fenoll entregaron a Ripoll dos pisos o su equivalente en metálico (un millón de euros) a cambio de la contrata. Ortiz también está imputado en la pieza del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de Alicante.

El supuesto receptor de la millonaria dádiva por la contrata, José Joaquín Ripoll, está citado para el día 1 de diciembre.