Los ajustes tienen límites

Las instituciones europeas, entendiendo abusivamente por tales el dominio político francoalemán más la voluntariosa participación del BCE y el papel secundario de las citas de los ministros de Economía y Finanzas del euro, no consiguen domeñar la crisis griega. Esta semana, quizá porque casi comenzó con la noche de Halloween, Yorgos Papandreu sembró el terror en la zona euro durante 48 horas cuando anunció la convocatoria de un referéndum para respaldar los ajustes radicales que se exigen a su país. La iniciativa de Papandreu suscitaba en carne viva la confrontación entre los requerimientos de los inversores y las opiniones de los ciudadanos a través de un tipo de consulta poco convincente en la democracia representativa (partidos, mayorías y minorías parlamentarias). El caso es que Papandreu dio marcha atrás, desconvocó después el referéndum a cambio del apoyo de la oposición a los planes de ajuste y va a ser difícil averiguar si retrocedió presionado por Angela Merkel, Nicolas Sarkozy y toda la Europa del euro o si era una jugada de póker para atraer, mediante un farol catastrófico, el apoyo de sus compatriotas.

Pero el enfrentamiento entre voluntad ciudadana e imposiciones de los acreedores no se ha resuelto. Puede que resurja en algún momento y en algún otro país. Al margen del exceso político formal (el referéndum no suele ser el mejor sistema para articular la respuesta democrática de una sociedad), a partir del farol griego parece necesario incluir en el balance de los planes de rescate el factor del imponente coste social de los ajustes económicos requeridos. Llega un momento en que los ciudadanos tienen que ser consultados sobre la carga de recortes que pueden o están dispuestos a soportar a cambio de tener una moneda común. El impacto ha sido mayor porque el anuncio del referéndum se hizo poco después de que la cumbre europea, en un rapto milagroso de actividad, decidiera por fin una quita de la deuda griega. En una zona monetaria mal gestionada, hasta lo que parece resuelto puede complicarse y desbaratarse en pocas horas.

El fondo de los problemas europeos no está resuelto; de ahí que la inestabilidad vuelva una y otra vez a adueñarse de los mercados. El sobresalto del referéndum no se hubiera producido si las fantasmales instituciones europeas hubieran resuelto la quita griega a principios de 2011; los países del euro se hubiesen ahorrado meses de incertidumbre y de costes financieros si el Fondo de Estabilidad hubiese sido reformado en 2010, cuando ya existían criterios avanzados para hacerlo; Grecia ahora (y probablemente Portugal e Irlanda después) estarían sometidos a menos presión social si Alemania, Francia y el BCE entendiesen que los planes de rescate, tal como están diseñados, agravan la situación del rescatado más que aliviarla (no se puede pedir a un país que reduzca su déficit público del 12% del PIB al 3% en tres o cuatro años); y el estancamiento de la eurozona dejaría de ser un tormento para los países del área (casi cinco millones de parados en España) y una pesada rémora para el crecimiento mundial si los puritanos del déficit aceptasen que los países tienen que crecer para devolver sus deudas. El crecimiento es imposible si siempre se aplica la misma política restrictiva. Las políticas de ajuste a palo seco, sin otras opciones de estímulo, han fracasado.