El empresario del 'caso Arena' usó otra sociedad para eludir el control ambiental

El empresario de Pontedeume Fermín Duarte no tuvo el menor reparo en servirse de otra empresa de su propiedad para comercializar el mismo producto nocivo que la fiscalía había señalado como contaminante y tóxico. Lo hizo para eludir los requisitos que la Consellería de Medio Ambiente -a instancias del fiscal- impuso a la comercialización del aglomerado asfáltico (ARA) de Manmer por su alto contenido en hidrocarburos peligrosos. Duarte aparcó temporalmente los negocios que hacía con la constructora de su padre (Manmer SL), investigada en 2010 por un posible delito ambiental, y rescató otra empresa registrada a su nombre en 1987 como Rías Altas Obra Civil y Promoción SL para vender el mismo árido a base de betún y alquitrán de hulla con sustancias cancerígenas prohibidas, como el benzopireno.

Duarte: "Voy a trabajar con Rías Altas, que tenía medio parada"

El juez ha pedido a Medio Ambiente los expedientes de Manmer

El industrial se lo contaba sin tapujos a un conocido el 17 de junio en una de las conversaciones telefónicas intervenidas por la brigada de delitos económicos y fiscales (UDEF) de la policía y que figura en el sumario de una investigación que ya acumula más de 700 folios en el Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol.

Fermín Duarte le explica a su interlocutor que Manmer: "La tiene parada por toda la querella con la Xunta". Precisa que no ha deshecho totalmente de la constructora porque le da "mucha pena". "Todo lo que me tienen hecho, lo tienen a Manmer, no a Rías Altas, ni a nadie más. Lo demás lo puedo usar como me salga de los huevos. Entonces, a trabajar con Rías Altas, que es una empresa que tenía medio parada y ahora tiro de ella".

Duarte se jactaba de que el negocio de los áridos era su particular "lotería" por el alto margen de beneficios que le proporcionaba, y no dudó en usar otro nombre para vender el mismo producto bajo sospecha ambiental. Vendió su zahorra a empresarios y constructores de las comarcas de Ferrol y A Coruña sin advertirles de la composición. Al mismo tiempo, negociaba con el exdiputado popular Javier Escribano la mejor forma de abordar a los conselleiros y directores generales de Industria y Medio Ambiente para colocar su aglomerado en las grandes obras de la Administración gallega a cambio de supuestas comisiones y regalos del calibre de un Porsche Boxter que el empresario dijo haber regalado al político. Escribano afirma que lo compró por 10.360 euros para registrarlo a nombre de su tía.

El aglomerado de Manmer (que también comercializaba Rías Altas) se empleó en las obras del puerto exterior de Ferrol y en subcontratas para rellenos portuarios, asfaltado de vías y explanadas y otras actuaciones en carreteras, parques eólicos, urbanizaciones y paseos marítimos.

Para la brigada de la UDEF quedó acreditado "en multitud de conversaciones telefónicas" que el constructor eumés vendió el árido "a su antojo sin informar al comprador de la problemática y aparentemente, sin ningún control de la Xunta".

El Gobierno gallego fue advertido de los manejos de Manmer y las sospechas sobre el posible origen fraudulento del árido en varias denuncias de octubre del 2010 y mayo del 2011 de la Asociación Gallega de Áridos a las Consellerías de Industria y Medio Ambiente. Solicitaban que se expedientase a la constructora "por competencia desleal e ilícita" y que se informase a las autoridades holandesas. Las quejas de AGA no tuvieron eco y Duarte siguió cerrando negocios. La patronal recurrió entonces a la Fiscalía con una nueva denuncia en mayo del 2011.

El empresario fue detenido el pasado jueves en la Operación Arena en la que figura el exdiputado popular Javier Escribano, investigado por cohecho y tráfico de influencias. El empresario admitió ante el juez, Alejandro Morán, que tenía apiladas toneladas de aglomerado asfáltico en la parcela forestal de Cabanas, pero negó que las 400.000 toneladas de áridos que todavía se amontonan en el puerto exterior de Ferrol fueran suyas y apuntó a la firma alicantina Holding Transmediterránea de Construcciones.

La mercancía viajaba de Holanda al puerto de Caneliñas con los certificados europeos expedidos por Eerland Certification, que supuestamente acreditaban que el producto era reciclado y válido para obra civil, aunque en realidad contamina y no ha sido tratado. El juzgado ferrolano se ha dirigido a la Autoridad Portuaria de Ferrol para que informe sobre los áridos que descarga la consignataria COP Galicia. También ha reclamado a Aguas de Galicia y a la Consellería de Medio Ambiente todos los expedientes sobre Manmer, SL, cuyo producto está siendo analizado.