Sin solución para los incentivos a los astilleros

Una pérdida de tiempo. Es lo que parece haber sucedido con las gestiones para sustituir el polémico sistema de financiación de los buques, tax lease, por otro igual de favorable para los intereses españoles. Entre reuniones urgentes, declaraciones alarmistas e intercambio de papeles en los despachos oficiales han pasado varios meses sin que se desactive la alerta que desató una denuncia de Holanda contra España. Esa denuncia sobre posible violación de las condiciones de la competencia obligó a la Comisión Europea a bloquear los beneficios fiscales de los que venían disfrutando los armadores que encargaban sus barcos en astilleros españoles. Los astilleros, que pusieron inmediatamente el grito en el cielo, confiaban en que el Gobierno español negociase un esquema alternativo.

La propuesta del Ministerio de Economía satisfizo plenamente al sector, el mismo que ahora reconoce que las cosas no se hicieron del todo bien. "Quizá [España] no ha seguido las directrices que marcó la Comisión", reconocía ayer el secretario de Asime (la patronal del metal), Enrique Mallón. "Deberíamos enviar un nuevo instrumento a Bruselas similar al francés. No era un sistema que valorásemos porque suponía la pérdida de competitividad de nuestros astilleros, pero debemos hacerlo así". En los mismos términos se expresó Álvaro Platero, presidente de Pymar (Pequeños y Medianos Astilleros).

Malos gestores

El rechazo comunitario abre el enésimo periodo de incertidumbre en un sector azotado por las suspensiones de pagos. El astillero vigués Vulcano se ha quedado sin carga de trabajo tras la finalización del último pedido. Al constructor Hijos de J. Barreras le sucede lo mismo, aunque su presidente, Francisco González Viñas, asegura que Armas ordenaría un ferry si se desbloquease el tax lease.

Los sindicatos, que ayer iniciaron las negociaciones del convenio del metal en la provincia de Pontevedra, recuerdan que las bonificaciones fiscales que Bruselas cuestiona -bajo la amenaza de devolver los beneficios concedidos durante la última década- no son el único obstáculo para el sector. "Que los empresarios no lo usen como coartada para justificar la mala gestión", advirtió ayer Ramón Sarmiento, de CC OO. UGT exigió explicaciones a quienes "estuvieron alimentando expectativas" sobre la solución.