La Junta recela del plan de Estepona para liquidar las empresas municipales

La incorporación de 760 empleados de sociedades municipales al Ayuntamiento de Estepona será examinada al detalle por la Junta de Andalucía para ver si se ha cumplido con todos los requisitos legales. La delegación del Gobierno andaluz en Málaga ha solicitado al gobierno de José María García Urbano (PP), que le facilite toda la documentación utilizada para adoptar esta decisión, aprobada el 30 de septiembre en un pleno extraordinario. La medida salió adelante a pesar de que el secretario municipal, José Manuel Duarte, mostró ciertas reservas. El portavoz del PSOE de Estepona, David Valadez, advirtió de que se estaban incumpliendo hasta 10 requisitos legales.

El alcalde defendió la moción y justificó la absorción de los empleados por motivos "económicos y organizativos". Apenas 20 días después, se inició la privatización de los servicios de limpieza de playas, zonas verdes y dependencias municipales, de modo que una parte importante de los empleados recién llegados a la plantilla del Consistorio volverán a salir rumbo a la empresa privada en las próximas semanas o meses.

El plan ha dado pie a la privatización de servicios de playas, limpieza y jardines

El apresurado proceso de absorción de la plantilla de las empresas municipales, refugio de decenas de contratados a dedo, como ha quedado de manifiesto en el caso Astapa contra la corrupción, no ha sido bendecido íntegramente por los funcionarios de habilitación nacional. El secretario accidental incidió en su informe en una serie de limitaciones, como que no se habían demostrado las ventajas de otras modalidades de gestión de los servicios municipales o que se fuesen a cumplir con los recortes que la Ley de Presupuestos Generales de 2011 impone para la creación de nuevas plazas en el sector público.

Por su parte, la secretaría general del Ayuntamiento también especificaba que las seis sociedades municipales implicadas en la absorción deberían presentar informes "pormenorizados y específicos" de las actividades que realizan, del personal y los cometidos, para que el Ayuntamiento se pronunciara sobre la forma de gestión más conveniente; o que en la votación debían de abstenerse quienes tuvieran parentesco de consanguinidad hasta cuarto grado.

La liquidación forzosa de las sociedades municipales y la incorporación de sus trabajadores a la plantilla municipal fue objeto de una sonada batalla sindical el verano pasado. El recién elegido alcalde, José María García Urbano, retuvo los salarios de los empleados de las empresas hasta que estos se avinieron a firmar su traslado.

El acuerdo, rubricado finalmente a mediados de agosto, suponía un ahorro de unos siete millones de euros anuales en los costes laborales de la plantilla municipal. El llamado plan de ajuste pasaba por la liquidación de las principales sociedades municipales previa declaración en concurso de acreedores -la antigua suspensión de pagos-. Los empleados de las sociedades aceptaron también la congelación de sus salarios durante dos años, así como la renuncia por el mismo periodo a una serie de beneficios. Entre otras, se suprimieron las ayudas escolares y sanitarias de la plantilla, las bajas por incapacidad temporal de menos de 60 días y el programa de incentivos por puntualidad y bajo absentismo.

Los empleados de las sociedades pasaron a ser empleados indefinidos no fijos del Ayuntamiento y las plazas que no sean privatizadas deberán ocuparse por oposición.