La autovía de Estepona, a oscuras

La vieja discusión sobre a quién le toca pagar la luz de la carreteras, si a Fomento o a los ayuntamientos, ha resurgido en Estepona, avivada por la pésima situación económica de sus arcas. El Ministerio de Fomento ha cortado la luz en el tramo de la autovía A7 que pasa por esta localidad después de que su alcalde, José María García Urbano (PP), anuncie su intención de dejar de pagar por un servicio que considera competencia del Estado.

El regidor basa su decisión en que se trata de una carretera nacional, responsabilidad de Fomento, en la que no les dejan adoptar ninguna decisión -"ni poner una entrada, una rotonda o un carril de desaceleración"- pero les obligan a pagar la luz.

"Si fuera una vía urbana todos los gastos, mantenimiento, utilización, y demás lo decide el Ayuntamiento. Si es una carretera nacional corresponde al Ministerio de Fomento", insistió ayer García Urbano a Europa Press.

En septiembre los Ayuntamientos de Estepona, Manilva, Marbella y Fuengirola - todos gobernados por el PP, excepto Manilva, cuya regidora es de IU- anunciaron que reclamarían al Gobierno que asumiera los 11 millones de euros que llevan pagando los consistorios de la Costa del Sol Occidental desde hace 15 años por la iluminación de la autovía.

Los representantes municipales anunciaron que a partir del 1 de noviembre se liberarían de ese gasto, ya que pensaban pedir a la compañía eléctrica que cambiara la titularidad del contrato. "Algún alcalde tenía que ser el primero en decir que esto no podía ser", defiende García Urbano.

Según el regidor, Fomento les ha cortado el suministro eléctrico nada más comunicar su intención de dejar de pagar. El Consistorio estudia ahora reclamar al ministerio los tres millones de euros que ha desembolsado por este servicio en los últimos años. "Después nos quejamos de que el IBI es muy alto, pero es que estamos pagando cosas que no nos corresponden", justifica.

Su equipo de gobierno calcula una deuda municipal de 300 millones. Hace apenas una semana, inició la privatización de los servicios de limpieza de playas, zonas verdes y dependencias municipales, algo que supondrá la salida de los empleados municipales que los prestaban a la empresa privada.