El juez llama a declarar a un exdelegado de Zona Franca

El juzgado de lo penal número tres de Cádiz ha llamado a declarar a Miguel Osuna, exdelegado del PP en la Zona Franca de Cádiz entre 2001 y 2004, como testigo de la causa abierta por las irregularidades detectadas en la empresa de alimentación Quality Food. Es la última prueba pericial que el juez ha aceptado antes de cerrar la instrucción, abierta desde hace siete años. Hace unos días el Tribunal de Cuentas condenó a Osuna y su antecesor, Manuel Rodríguez de Castro, a pagar 4,3 millones de euros por las irregularidades.

La investigación penal de Quality Food pretende esclarecer una presunta estafa cometida contra la Zona Franca por el dueño de esta compañía de alimentación, Manuel García Gallardo, quien fue miembro de Nuevas Generaciones y, durante muchos años, definido por el PP como "un empresario modelo". La instrucción penal se ha reactivado después de que la Audiencia Provincial haya rechazado el archivo de la causa como había pedido García Gallardo y de que el Tribunal de Cuentas haya condenado a Osuna.

El ex delegado tendrá que declarar como testigo junto al que fue jefe de su gabinete y ahora director en Zona Franca, José Manuel Fedriani, autor de un informe en el que se basó la querella de la Zona Franca. La declaración se producirá el 17 de noviembre, a petición de la Abogacía del Estado, que había reclamado este trámite en 2007 pero no se ha podido resolver hasta ahora hasta dirimir los recursos presentados contra la instrucción.

Osuna volverá al juzgado. Además, ya ha recurrido la sentencia del Tribunal de Cuentas mientras que su antecesor Rodríguez de Castro está usando Twitter para arremeter contra ella y contra la Abogacía del Estado. "El abogado del Estado de Cádiz ha crucificado al PP desde la bomba 11M. ¿Seguirá impune este cobarde tras el 20N o aún hará favores al PSOE?", escribe en la red social. Una versión de la sentencia que comparte con los actuales dirigentes del PP en Cádiz que critican que el abogado del Estado que asesoraba a los dos delegados de la Zona Franca fuera el artífice de la investigación contra ellos.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Manuel Chaves, salió ayer en su defensa. "Hay que respetar las decisiones judiciales y asumir las competencias. Hubo mala gestión y fue delictiva y eso lo tienen que aceptar el PP", aseguró.