Reportaje:

Los 'lobbies' piden pista

Los grupos de interés españoles exigen una legislación que regule su actividad

Tienen mala prensa y peor fama. La opinión pública los asocia a tejemanejes oscuros y corrupción. Pero en muchos países más avanzados están regulados y son completamente legales. Se llaman oficialmente "grupos de interés", pero todo el mundo los conoce como lobbies. En España viven en una laguna legal, puesto que ninguna norma regula su actividad. Y los lobbistas españoles quieren que eso cambie.

Por eso, un conjunto de firmas representativas de las principales compañías de consultoría y bufetes del mercado español han organizado una plataforma -Foro por la Transparencia- que persigue trasladar al Gobierno y al Parlamento la necesidad de normalizar esta actividad mediante un marco regulatorio que ampare "jurídicamente la creciente participación de los grupos de interés en el desarrollo normativo realizado por las Administraciones públicas".

En Bruselas hay actualmente 15.000 'lobbistas' y 2.600 grupos de interés
Piden que se les permita entrar libremente en el Congreso
Las consultoras se han unido en el Foro por la Transparencia
"La ausencia de una norma es lo que provoca la falta de ética"

Es decir, se trata de que regule la actividad de los lobbies para que estos puedan influir sin cortapisas en la redacción de las leyes y normas, haciendo visible su labor y, en cierto sentido, dignificándola. Para ello han contactado con los principales partidos políticos, a los que le han hecho llegar un texto que sirva de punto de partida para un anteproyecto de ley de transparencia y acceso a los ciudadanos.

Las firmas que encabezan esta propuesta son Analistas Financieros Internacionales (AFI), Cremades & Calvo Sotelo, Llorente & Cuenca, Price Waterhouse Coopers, Roca Junyent y

Solchaga, Recio & Asociados.

Una de las grandes incógnitas es el volumen de fondos que mueven los lobbies. "Sobre esto hay mucho mito. A los estadounidenses les encanta contabilizar como propio todas las operaciones comerciales que se hacen con participación de lobbies. Es como si un economista contase como propio todo el dinero de, por ejemplo, una compra de un banco en el que ha participado como asesor. Ridículo. El lobby es, en la mayoría de las situaciones pura consultoría y nadie se hace rico con la consultoría", señala Joan Navarro, responsables de asuntos públicos de Llorente&Cuenca.

Su modelo a seguir es la legislación de la Unión Europea. Los lobbies ya estaban presentes a finales de los setenta en Bruselas, aunque su explosión se produjo a raíz del Acta Única Europea, que sentó las bases de lo que luego sería la Unión Monetaria. Y la libre circulación de capitales y mercancías.

Los promotores de esta iniciativa argumentan que la mala imagen que arrastran los grupos de interés y la relación inevitable con la corrupción se desecharía si hubiera un marco normativo. "Es precisamente porque la ausencia de un marco regulador que garantice la transparencia e integridad de las relaciones con las instituciones públicas es el contexto idóneo para la aparición de comportamientos poco éticos. Pero la forma de evitarlo no es mantener el limbo actual, sino establecer una regulación clara y transparente que permita diferenciar las actuaciones legítimas de las que no lo son", afirma Jordi Flores, director general de Solchaga Recio & Asociados.

Actualmente hay en Bruselas 15.000 lobbistas y 2.600 grupos de interés. Tienen una oficina permanente, su actividad está regulada y se rigen por un código de conducta, un registro obligatorio para el control de los mismos y la concesión de una tarjeta de libre acceso a las instituciones para los grupos que cumplen con las normas.

En la misma línea, las principales demandas del Foro de Transparencia son la creación de un registro voluntario de intereses en el Parlamento y el Gobierno, la publicación de un Código de Conducta que defina el comportamiento que deben seguir los representantes de aquellos grupos de interés que se inscriban en el registro, la concesión de tarjeta de libre acceso al Parlamento para aquellos representantes de grupos de interés, y el acceso público a las agendas de altos cargos y personal de libre designación.

Los lobbistas españoles recuerdan que 90 países han formalizado este acceso público a la información y, al menos 15 (Alemania, Australia, Austria, Canadá, Dinamarca, EE UU, Francia, Hungría, Israel, Lituania, Perú, Polonia, Reino Unido, República Checa y Taiwán) han otorgado un marco normativo específico a la actividad que ejercen los grupos interés.

Los responsables de consultoría de asuntos públicos se distancian del modelo estadounidense y de prácticas como la de financiar las campañas electorales. "En EE UU, los lobbies son importantísimos financiadores de las campañas electorales, como los sindicatos, las iglesias, los clubes de baloncesto... La política norteamericana es financiación privada. En Europa, por suerte, no. Por eso hace falta más transparencia, más luz y taquígrafos, para que nadie caiga en la tentación ni de recibir, ni de dar", apunta Navarro.

El Foro por la Transparencia no es el único que quiere luz y taquígrafos para los lobbies. La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), constituida en 2007, también ha trasladado durante la pasada legislatura sus propuestas a los distintos grupos parlamentarios, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, que persiguen tres objetivos: reconocimiento de la actividad, establecimiento de mecanismos que favorezcan la transparencia en el funcionamiento de las instituciones, y el fomento de herramientas que establezcan los pilares deontológicos de la profesión.

En este sentido, en febrero de 2011 APRI aprobó el primer Código de Conducta para los lobbistas españoles, de obligado cumplimiento para todos sus miembros. Actualmente está integrada por 50 profesionales que desarrollan su actividad en sectores tales como el farmacéutico, las tecnologías de información, telecomunicaciones, seguros, financiero, o medio ambiente, entre otros.

El modelo a seguir que buscan los lobbistas españoles no tiene mucho que ver con el estadounidense, que, pese a su fama de transparencia, no ha funcionado correctamente desde que se promulgara la Federal Regulation of Lobbying Act (FRLA) en 1946, que obligaba a la inscripción de los lobbistas que intentaban influir en el Congreso. La ley tuvo que ser modificada en 1995 cuando el Congreso aprobó la Lobbying Disclosoure Act (LDA) y, posteriormente, por Acta legislativa de Transparencia y Responsabilidad.

Esta norma, firmada en septiembre de 2007 por el presidente George W. Bush, establece que si a un miembro del Senado se le paga el 75% más de su sueldo normal, o si ha dejado su cargo para convertirse en un lobbista registrado, no pueda hacer lobby a ningún miembro oficial empleado del Senado hasta que no pase un año de su retirada.

Además, no pueden tener ninguna negociación para ocupar un empleo privado hasta que su sucesor no haya sido elegido, excepto si presenta un informe a la Secretaría del Senado. También prohíbe a los congresistas aceptar el pago de viajes. -

Estrecha relación con los políticos

En Reino Unido ha estallado este mes la polémica al revelar el diario The Guardian que en los 10 primeros meses del Gobierno de coalición de liberales y conservadores los ministros mantuvieron 1.537 encuentros privados con representantes empresariales, sin incluir mesas redondas ni conferencias públicas. Organismos de comercio, think tanks y otros grupos de interés coparon esas reuniones, mientras las organizaciones benéficas mantuvieron 833 encuentros, y los representantes sindicales sólo 130, menos de una décima parte que sus contrapartes corporativas.

Esas cifras han provocado que diversas asociaciones pidan una mayor regulación de los grupos de presión y, sobre todo, un registro legal de estos colectivos. El Partido Liberal Demócrata se había comprometido a legislar sobre los grupos de interés.

El secretario de Estado de Exteriores, el conservador William Hague, ha prometido examinar esa regulación pero prefiere esperar a que se conozca el informe oficial de las actividades sobre las actividades de Liam Fox, que dimitió como ministro de Defensa por una extraña amistad, levantando un gran escándalo. El político escocés, de 50 años, permitió que su amigo Adam Werritty, antiguo compañero de piso y padrino de su boda, le acompañara a numerosos viajes oficiales, tanto en reuniones con líderes mundiales y altos cargos del Ejército. Werritty tenía libre acceso a su despacho pese a no tener ningún tipo de cargo oficial, y se autodenominaba asesor de Fox.

* Este artículo apareció en la edición impresa del domingo, 23 de octubre de 2011.

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