El final de ETA no afecta a las elecciones

ETA ha causado tanto daño que su anuncio de cese definitivo de la actividad terrorista el pasado jueves provoca escepticismo entre los ciudadanos, recelos sobre posibles medidas de reinserción, oposición a un proceso de diálogo y resistencia mayoritaria a que tenga reflejo en los resultados electorales del 20-N.

Según un sondeo flash de Metroscopia para EL PAÍS, realizada tras el anuncio de ETA, hasta un 53% de los españoles no cree que suponga realmente el final del terrorismo. La sucesión de anuncios de treguas parece haber provocado un cierto hartazgo entre los ciudadanos, lo que no impide que el 77% confiese su alegría, aunque mantenga sus dudas sobre las verdaderas intenciones de la banda terrorista. Los más satisfechos son los más jóvenes, lo que da idea de hasta que punto se ha asumido el terrorismo como problema.

Los encuestados entienden que Rajoy sí sabrá gestionar la situación

La mayoría asegura que la decisión de ETA no dará más votos a Rubalcaba

El anuncio de los terroristas no ha reducido la ventaja de 15 puntos del PP

Los españoles consideran que el mérito es de los dos grandes partidos

El sondeo arroja luz sobre dos incógnitas: la repercusión electoral del comunicado de ETA, conocido justo un mes antes del 20-N, y el margen de maniobra que tendrá el nuevo Gobierno para cerrar definitivamente el capítulo de 43 años de asesinatos, secuestros y extorsiones en España.

Sobre la primera de ellas, se desarma la acusación de que el gobierno del PSOE y, por extensión Alfredo Pérez Rubalcaba, podría haber maniobrado para acelerar el proceso para rentabilizarlo a su favor en las urnas. Esa estrategia no tendría sentido, porque el 55% de los ciudadanos asegura que el mérito es de todos, es decir, de los dos grandes partidos que han hecho frente al terrorismo. No hay apenas diferencia entre los votantes del PSOE y del PP al entender que el mérito no es atribuible a nadie en particular. La derrota de ETA no es un arma electoral, aunque Rubalcaba haya sido el ministro del Interior que mejor cuenta de resultados pueda presentar en la lucha contra el terrorismo y el que ha liderado la recta final.

La idea fuerza de la primera reacción del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, fue precisamente la de reconocimiento a todos sus antecesores, sin distinción. Las únicas excepciones a ese clima de consenso han sido las que tienen que ver con dirigentes del PP que, como Esperanza Aguirre y Jaime Mayor Oreja, han aprovechado para descalificar al Gobierno, hablando más o menos abiertamente de supuestos procesos ocultos de diálogo del Ejecutivo con ETA.

Entre los españoles ha calado, pese a los enfrentamientos de la anterior legislatura y alguna escaramuza política de esta, que el terrorismo es un asunto de Estado, sin intereses partidistas.

Y el hecho de que ETA no esté entre las principales preocupaciones de los españoles en este momento (según todos los sondeos), parece dar idea de que se da por amortizado el final de la banda y que las elecciones del 20-N tienen una lógica que tiene más que ver con la crisis económica.

Por eso en la encuesta no hay apenas diferencias respecto al resultado de hace dos semanas y el PP mantiene una ventaja de más de 15 puntos (45,4% frente a 30,1%). Pase lo que pase, la diferencia no parece acortarse y se arruina la tesis de quienes consideran que Rubalcaba intenta exprimir su última baza electoral.

Ni siquiera la mayoría de los votantes del PSOE considera que el final del terrorismo vaya a beneficiar a Rubalcaba.

La movilización de los electores de la izquierda, los que han dado la espalda al PSOE, depende más del malestar acumulado por decisiones vinculadas a la crisis, de tal forma que se mantiene la idea de que estas elecciones se disputan sobre los sentimientos, las impresiones y las señas identitarias de cada partido, y los votantes del PP no dejan de estar decididos a acudir a las urnas.

ETA ha conseguido, en todo caso, hacerse presente en la campaña electoral. A falta de escrutinio detallado y territorializado de la estimación de voto, el 57% asegura que sin violencia los resultados electorales en el País Vasco no cambiarán. En la última cita electoral, la de las municipales, Bildu, la formación que representa a la izquierda abertzale, llegó al 25% en el País Vasco y al 11% en Navarra. Con esos datos podría llegar a tener grupo parlamentario propio en el Congreso como Amaiur, disputando al PNV ser el partido más votado en ambas comunidades y con capacidad para presentar iniciativas sobre ETA y el País Vasco.

Para el futuro, la mayoría de los españoles sí cree que Mariano Rajoy, favorito según las encuestas, está en condiciones de gestionar la situación. Obviamente, en este caso sí hay diferencias entre votantes del PSOE y del PP.

Rajoy, si llega a ser presidente, tendrá que torear con la presión de los sectores más duros de su partido y de sus medios afines, que consideran que no estamos ante el fin de ETA y que, por tanto, hay que ser inflexibles. Y, sobre todo, tendrá que lidiar con un rechazo mayoritario de la opinión pública a realizar concesiones a una ETA residual.

El enorme daño causado hace que la mayoría rechace todas las posibilidades de beneficios a ETA: el 49% no quiere que los Gobiernos de España y Francia se sienten a hablar con la banda sobre el futuro de los presos y los huidos; el 72% rechaza medidas extraordinarias de reinserción para los que tengan delitos de sangre, y un 47% se opone a un referéndum de autodeterminación en el País Vasco.

A lo más que están dispuestos a llegar los españoles es a la concesión de beneficios penitenciarios, pero siempre condicionados a que ETA pida antes perdón.