Llaman a la puerta

Cinco meses después de la concentración de la Puerta del Sol madrileña en protesta por el inequitativo reparto de las cargas de la crisis económica y por la incapacidad de los representantes elegidos en las listas de los partidos para defender los intereses de los ciudadanos, cientos de miles de manifestantes hicieron suyo hace ocho días el núcleo de esa impugnación en un millar de ciudades de casi 80 países. La participación en estas marchas no es comparable con las demostraciones convocadas por Gobiernos, iglesias, partidos o sindicatos (ni con los acarreos plebiscitarios de los aparatos estatales autoritarios). Las organizaciones voluntarias al estilo del 15-M o del 15-O solo cuentan con sus modestos recursos para esos despliegues. La tentativa de encausar penalmente a las asociaciones de profesores y de padres de familia —sin ánimo de lucro— de la Comunidad de Madrid, opuestas a los recortes del gasto público educativo y acusadas de haber vendido camisetas ilustradas con esa protesta por encima de su precio de coste y sin cargar el IVA, es un gesto de mezquindad impropio de su rumbosa presidenta, tan pródiga a la hora de financiar a su clientela política y de subvencionar a su aduladora televisión autonómica.

La dimensión internacional del 15-O dificulta el examen de sus características genéricas. El contraste entre los gravísimos desórdenes causados en Roma por un grupo de provocadores encapuchados y el tono democrático de las restantes movilizaciones en el mundo entero pone en guardia contra las generalizaciones imprudentes. La simplificación de los análisis, la ingenuidad de las recetas y la contundencia de las consignas de algunos portavoces de ese incoado movimiento social globalizado no ayudan ni a diagnosticar su naturaleza ni a pronosticar su futuro. En cualquier caso, los intentos reduccionistas de emparentarlo con los vanguardismos revolucionarios o contrarrevolucionarios, la ideología libertaria o los populismos del siglo pasado parecen escasamente prometedores.

El lema "no nos representan" se dirige contra los cargos electos que patrimonializan las instituciones del Estado en provecho personal o de sus partidos a costa del interés público para cuya defensa fueron votados. Esa ilegítima privatización de la función pública en beneficio individual o corporativo de sus corruptos titulares obstaculizan el acceso de las nuevas generaciones a unos centros de decisión esclerotizados por esa misma causa. El blanco de esas críticas no es la democracia representativa en cuanto tal, sino su más reciente manifestación contemporánea: el Estado de partidos, a cuyas puertas los indignados llaman con fuerza. Esa variante del sistema democrático confía a unas formaciones políticas altamente jerarquizadas y disciplinadas la responsabilidad de casi todo el proceso político, con el riesgo de que la ambición de sus blindadas cúpulas directivas les lleve a cometer graves abusos y serias irregularidades.