El sector agrario y los regantes, divididos

Las organizaciones agrarias y las comunidades de regantes han vuelto a escenificar su división a la hora de valorar la reversión al Estado de las transferencias sobre el Guadalquivir. A un lado, Asaja y la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua), que fueron los colectivos que más alegaciones presentaron a la Ley de Aguas de Andalucía, se han congratulado porque la medida garantice el principio de unidad de cuenca por el que siempre habían apostado. Y al otro, la UPA, la COAG y la Asociación de Regantes de Andalucía (Areda) no ocultan su frustración por una decisión que, según dicen, va contra una gestión mucho más cercana del principal río andaluz.

La pugna entre los agricultores y regantes andaluces se acentuó tras el traspaso en 2009 de las transferencias del Guadalquivir a la comunidad andaluza. La Ley de Aguas de Andalucía, que pone coto al regadío y revisa las concesiones históricas, es el trasfondo de esta guerra de un sector estratégico que ocupa más del 80% de los usos del agua en Andalucía, además de representar el 60% de la producción final agraria y un 50% del empleo agrario andaluz. En la cuenca del Guadalquivir se localizan el 80% del millón de hectáreas de regadío de la comunidad.

Asaja y Feragua se oponen a la gestión andaluza del Guadalquivir

Serra califica de "inconstitucional" la encomienda de gestión a la Junta

El presidente de Asaja, Ricardo Serra, califica de "inconstitucional" la encomienda de gestión a la Junta durante seis meses, pues entiende que "solo ha retrasado la decisión y ha supuesto gastar más dinero". Hay que recordar que tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), Asaja reclamó la devolución de oficio de todas las sanciones y cánones cobrados por la Junta en 2009, y advirtió que de no ser así colapsaría la Administración con miles de recursos, algo que no cumplió.

En la misma línea, la presidenta de Feragua, Margarita Bustamante, se congratula porque "otra vez la lógica vuelve a imperar" con una decisión que, a su juicio, "evitará duplicidad en las Administraciones". Feragua demanda la máxima celeridad en los trámites de devolución de competencias "para acabar con la situación de desgobierno que ha vivido la cuenca en estos últimos años, y que ha llegado a ser verdaderamente esperpéntica tras la sentencia del Tribunal Constitucional".

Para el secretario de UPA, Agustín Rodríguez, la oposición de Asaja y Feragua a la gestión andaluza del Guadalquivir obedece a su "pérdida de privilegios". Esta organización lamenta que no se haya tenido en cuenta su propuesta de creación de una Agencia Estatal Intercomunitaria que, apunta, "habría permitido salvar los problemas jurídicos encontrados para gestionar el Guadalquivir mayoritariamente desde Andalucía". Además, confía en que se retome la petición del Parlamento andaluz de recuperar la gestión del Guadalquivir basándose en el artículo 150.2 de la Constitución, que permite al Gobierno central delegar competencias a las comunidades a través de una Ley Orgánica. "Esperamos que la voluntad de la mayor parte de los andaluces se cumpla y podamos tener un Guadalquivir gestionado desde Andalucía", señala Rodríguez.

Tanto la UPA como Areda han valorado el trabajo realizado desde la Junta durante el periodo que ha durado la gestión del Guadalquivir, con la regularización de 200.000 hectáreas y 60.000 resoluciones de riego, algo que consideran "vital" para el regadío. "Nos hubiera gustado que la gestión del Guadalquivir hubiera seguido en Andalucía íntegramente, pero hay una sentencia y hay que acatarla", dice Rafael Civantos, de COAG.