Un acuerdo roto en menos de un mes

El fin de la gestión andaluza de la cuenca del Guadalquivir ha estado cargado de símbolos. Manuel Chaves fue uno de los miembros del Gobierno central que el pasado viernes tuvo que proponer al Consejo de Ministros que aprobara el Real Decreto por el que se han revertido al Estado todos los medios humanos y materiales del río. Chaves, cuando era presidente de la Junta, y su equipo de confianza, fueron de los que más lucharon a mediados de la década pasada para que Andalucía tuviera todas las competencias sobre el Guadalquivir. Esta reivindicación se introdujo en la reforma del Estatuto, que se aprobó en 2007, cuando Chaves era todavía presidente andaluz.

Hasta la fecha en que el equipo negociador de la Junta dio por perdido el río está cargada de simbolismo: fue el pasado 20 de octubre, cuando se celebraba el 30º aniversario de la aprobación del primer Estatuto de Autonomía. Pasaban algunos minutos de las once de la noche del jueves cuando los negociadores de la Junta se dieron por vencidos: el Estado recuperaría el 100% de las competencias y de los medios humanos y materiales.

El problema surgió en la Abogacía del Estado al informar de la fórmula idónea

Los dos Gobiernos se dieron 15 días de prórroga para llegar al acuerdo, sin éxito

Los enviados del Gobierno andaluz llevaban casi todo el día en Madrid discutiendo con los representantes del Estado una salida para la cuenca. Sobre la mesa estaba la sentencia de marzo del Tribunal Constitucional que anuló el artículo 51 del Estatuto, el paraguas legal que existía para el traspaso de todas las competencias que se realizó en 2009. El reloj corría y no se encontraba una salida con suficiente respaldo legal.

Todo había cambiado en menos de un mes. El 16 de septiembre la Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado había cerrado una propuesta sobre el traspaso de funciones y medios del Guadalquivir al Gobierno regional. Sobre el papel, el modelo propuesto aguantaba. Lo habían acordado los equipos del ministerio y la Consejería de Medio Ambiente.

El plan diseñado pasaba por que el Gobierno central aprobara primero un decreto de reversión para recuperar todas las funciones y medios. Luego, gracias a la reforma que el Ministerio de Medio Ambiente hizo a toda prisa en verano de la Ley de Aguas, Andalucía podría asumir las funciones de policía hidráulica en la cuenca. La idea era que se aprobara un acuerdo -posiblemente una encomienda- en el que se añadirían otras funciones más y, sobre todo, los medios materiales y los trabajadores necesarios para desarrollar esas tareas. En concreto, según señalan fuentes de la negociación, lo acordado en esta comisión era que Andalucía ejercería la gestión y explotación de algunos embalses y la participación en la planificación hidrológica y en la gestión de los aprovechamientos. Además, la Junta también asumiría la tramitación de autorizaciones del dominio público y la recaudación de cánones de vertidos y de utilización de bienes. Por último, el Gobierno regional controlaría el Sistema Automático de Información de Calidad de las Aguas, la red SAICA.

Durante la segunda quincena de septiembre, los equipos de ambas Administraciones se pusieron a trabajar para darle forma a los decretos con los que se materializarían estas cesiones. El Ministerio de Medio Ambiente se reunió el 28 de septiembre con los representantes de los trabajadores afectados. El departamento de Recursos Humanos del ministerio repartió a los sindicatos una distribución de los puestos de trabajo que se quedaría el Estado (360) y los que pasarían a formar parte de la Administración autónoma (489). La Junta gestionaría, además, 18 de los 57 pantanos de la cuenca. Según información que el sindicato UGT facilitó a los trabajadores tras la reunión del 28 de septiembre, el Gobierno regional se quedaría con los embalses de Dañador, Quiebrajano, Víboras y Aguacebas, en Jaén. En Córdoba, serían los de Martín Gonzalo, Guadalmellato y Guadamuño. También se incluían en el paquete cinco de la provincia de Granada (Francisco Abellán, Canales, Cubillas, Bermejales y Colomera) y otros seis de Sevilla (Retorcillo, Huesna, Aracena, Zufre, Agrio y Melonares).

Una semana después, el acuerdo entró en barrena a pesar de esta concreción. El problema, según señaló el Gobierno regional, surgió en la Abogacía del Estado, que debía informar sobre la fórmula elegida para el traspaso del personal y de los medios materiales. "No había un informe concluyente en el que se dijera que había un encaje legal", señalaron las mismas fuentes.

Con estas dudas legales sobre la mesa de negociación, la encomienda transitoria que las dos Administraciones cerraron tras la sentencia del Constitucional de marzo para buscar una salida, caducó. Los dos Gobiernos se dieron 15 días de prórroga para intentar llegar al acuerdo. La última propuesta del Gobierno era que Andalucía asumiera la policía de aguas y, a través de una encomienda de cinco años de duración, se cerraran el resto de funciones. Pero, según ha reconocido la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, no se pudo encontrar una salida con el suficiente respaldo legal. La Junta prefirió entonces que todas las competencias y los medios volvieran al Estado.

Ahora, la vista está puesta en el artículo 150.2 de la Constitución y en la proposición de Ley Orgánica que Andalucía quiere que apruebe el próximo Gobierno central para que se deleguen, otra vez, todas las competencias de la cuenca.