Las víctimas del metro encuentran en Fabra amabilidad pero no autocrítica

Beatriz Garrote, portavoz de la Asociación de Víctimas del Metro-3 de Julio, salió anoche de la reunión de casi tres horas con el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, con la voz quebrada por la emoción. Representaba a las víctimas del accidente ocurrido en julio de 2006 en la línea 1 del metro de Valencia, en el que murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas. Un suceso que se cerró sin ninguna dimisión en el Gobierno valenciano. "Hemos encontrado una postura muy dialogante. Nos han tratado correctamente, pero consideran el tema zanjado" dijo Garrote, quien anunció que los familiares seguirán con las protestas cada día 3. "Hasta que obtengamos respuestas", precisó.

La asociación seguirá con las protestas hasta que obtenga respuestas

Unas tres horas antes, seis representantes de la asociación de víctimas se sentaban, por primera vez desde que sucedió la tragedia, con el presidente de la Generalitat. Los integrantes de la asociación llevaban cinco años esperando ser escuchados en el Palau de la Generalitat, cuyo anterior inquilino, Francisco Camps, que dimitió en julio pasado por su implicación en el caso de los trajes de Gürtel, se negó a hacerlo.

Por parte del Consell compareció la vicepresidenta primera, Paula Sánchez de León, que insistió en el deseo de la Generalitat de solidarizarse con las víctimas, pero precisó que la investigación del accidente se zanjó cuando los tribunales declararon como causa del accidente un error humano.

La asociación entregó a Fabra, que acudió acompañado de su vicepresidenta y de dos consejeros de su Gobierno, un documento sobre quiénes son y un segundo en el que piden respuestas del accidente: qué medidas de seguridad existían o por qué no había balizas automáticas instaladas en las vías que corrigieran un posible exceso de velocidad.

El descarrilamiento de un tren de 18 años de antigüedad cuando entraba en una de las estaciones de la línea del metro se convirtió en la mayor tragedia de la historia del metro en España. La investigación judicial apuntó a la exclusiva responsabilidad del conductor -quien falleció en el accidente-, por el exceso de velocidad del convoy al tomar una curva demasiado cerrada. El tren circulaba a 80 kilómetros por hora en un tramo limitado a 40.

La investigación se archivó por primera vez en marzo de 2007, a dos meses de las elecciones autonómicas de mayo de ese año. En junio se volvió a abrir, pero se archivó de nuevo ante la "falta de rotundidad" de los peritos que debían demostrar que el accidente se podría haber evitado si las balizas de frenado hubieran funcionado correctamente.

Una paralela comisión de investigación parlamentaria en las Cortes Valencianas, controladas por una amplia mayoría absoluta del PP, se cerró deprisa y corriendo señalando en exclusiva al conductor del convoy como responsable del accidente.

El entonces presidente de la Generalitat rechazó la posibilidad de que ningún miembro de su equipo asumiera cualquier responsabilidad política por el accidente. Camps, responsable último de la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), optó por obviar el accidente y, mientras permaneció en el cargo, hasta julio pasado, se negó a recibir a los familiares de las víctimas. Solo lo hizo uno de sus vicepresidentes, Víctor Campos, en 2007, pero el encuentro no sirvió de nada. Las víctimas, la mayoría vecinos de la localidad de Torrent, en el área metropolitana de Valencia, constituyeron una asociación para compartir los desagradables vericuetos legales que se vieron obligados a afrontar.

Ayer, Fabra se comprometió a responder, en un nuevo encuentro sin fecha todavía, al segundo documento entregado por los afectados. Los afectados no esperan mucho de ese trámite.