Las comunidades se comprometen a recortar 7.600 millones este año

Las comunidades autónomas se han comprometido ante el Ministerio de Economía a recortar casi 7.600 millones de euros este año para intentar cumplir las metas de déficit. Los datos, divulgados ayer por el ministerio, revelan que el grueso del ajuste se está acometiendo a través de un menor gasto -principalmente en áreas sensibles al ciudadano como la educación, la sanidad y los servicios sociales-, al tiempo que muy pocas se atreven a elevar impuestos para mejorar los recursos disponibles. Solo Andalucía, Cantabria, Extremadura y Murcia exploran esa vía, aunque en conjunto las comunidades confían en arañar 3.185 millones más de ingresos.

La información figura en el resumen de los planes financieros que las comunidades con desequilibrios en sus cuentas han pactado a lo largo del año con la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado. En la lista faltan Cataluña y Castilla-La Mancha, dos de las que más sacrificios requieren para reconducir su déficit, porque Economía aún no ha dado el visto bueno a sus planes. También Madrid y La Rioja, por lo contrario: cumplen los objetivos y, por tanto, no tienen que presentarse a examen. La sorpresa la constituye Castilla y León, cuyo plan no figura porque la comunidad ha rehusado hacerlo público, según Economía. Esa decisión contraviene el compromiso que adquirió Salgado de divulgar todos los planes, independientemente de la voluntad autonómica.

La mejora de los recursos procede principalmente de la venta de bienes

Pese a las promesas, el objetivo de déficit para 2011 resulta casi inalcanzable

Con esas salvedades, los documentos revelan ajustes duros (aunque en ocasiones poco detallados) en algunos territorios. El mayor esfuerzo lo compromete Baleares, que recortará hasta final de año un 3,14% de su PIB. Entre las medidas de ahorro figuran la congelación de nuevas plazas públicas, la reducción de altos cargos e interinos y las transferencias a empresas públicas, empresas privadas y familias.

El mayor tijeretazo en millones de euros corresponde a la Comunidad Valenciana. Esta autonomía promete prescindir casi de 2.000 millones de euros, pero sus mejoras de ingresos solo vendrán por ventas de bienes públicos, no por subidas de impuestos. El Partido Popular ha hecho bandera de la fiscalidad baja como estímulo económico y la cercanía electoral ha mantenido a sus barones aferrados a esta línea. Pero los documentos de Economía revelan varias excepciones. La principal es Murcia, la segunda región con más déficit en 2010, que introduce el céntimo sanitario, un canon de saneamiento, un impuesto sobre producción y transporte de energía, así como otras tasas.

También Extremadura crea impuestos (medioambientales, a la banca, céntimo sanitario...), aunque este plan estaba prácticamente acordado con el anterior Ejecutivo regional, del PSOE. Y Aragón no descarta hacerlo si las cuentas no mejoran, según ha declarado esta semana su consejero de Hacienda. De hecho, esta comunidad contempla una caída en sus ingresos. Cantabria, muy activa en las subidas de impuestos, aprobó el plan antes de que el PP tomara las riendas del Gobierno autonómico.

La única que hace un reparto equitativo entre reducción de gastos y mejora de ingresos es Andalucía, que incluso atribuye más peso a la mejora de ingresos que a la rebaja del gasto para enderezar sus cuentas. Esa comunidad crea un impuesto sobre depósitos bancarios y sobre bolsas de plástico, además de incrementar otros ya existentes (carburantes, residuos radiactivos, eliminación de tipos reducidos en transmisiones patrimoniales...). No obstante, tanto Andalucía como la mayoría de comunidades que contempla más recursos espera obtenerlos fundamentalmente de ventas de bienes públicos.

Hay territorios que basan toda la mejora de sus ingresos en medidas que no dependen de su gestión (y cuya consecución es una incógnita). Navarra, por ejemplo, prevé una importante mejora, pero la fía a elementos tan inciertos como el aumento de la recaudación o a decisiones de las que no es responsable como la financiación autonómica o la subida del IVA.

Más allá de las promesas por escrito, los planes pierden fuerza al compararlos con los datos de déficit en lo que va de año. Las comunidades ya han consumido en el primer semestre casi todo el déficit autorizado para el ejercicio 2011 (1,3% del PIB). Pese a lo escrito en los planes, esas cifras dan prácticamente por perdido el cumplimiento de la meta en el conjunto autonómico.