Bellver abre el maratón de juicios a cargos del PP

El Tribunal Superior de Justicia tiene previsto empezar a juzgar hoy a Jorge Bellver, diputado autonómico y concejal de Urbanismo en Valencia, por un supuesto delito de prevaricación urbanística. El de Bellver será el primero de una larga lista de previsibles procesos contra diputados valencianos en la presente legislatura: el número de parlamentarios del PP sometidos a juicio puede ascender a 10. Una anomalía derivada de la decisión del expresidente de la Generalitat Francisco Camps de llenar el grupo parlamentario del PP en las Cortes Valencianas de políticos con cuentas pendientes con la justicia.

Si el archivo de las imputaciones no lo impide, el maratón judicial continuará con el juicio contra Camps y el ex secretario general del PP regional Ricardo Costa por aceptar dádivas de la trama Gürtel. Le seguirá el juicio al exalcalde de Torrevieja Pedro Ángel Hernández Mateo, imputado por prevaricación y falsedad documental en una de las tres causas que tiene abiertas. A continuación, aunque en este caso los plazos se presentan largos, le llegará el turno a la cúpula del PP valenciano imputada en el grueso de la vertiente valenciana del caso Gürtel por presunta financiación ilegal y falsificación en documento mercantil. Los implicados en este caso son los diputados Ricardo Costa, Yolanda García, tesorera del PP, y David Serra, vicesecretario de Organización del PP.

Por esos mismos supuestos delitos también está imputado Vicente Rambla, exvicepresidente primero de Camps. En el caso de Rambla se añaden, además, las acusaciones de cohecho y prevaricación por sus tratos con la red Gürtel, dos delitos que se le imputan igualmente a Milagrosa Martínez, exconsejera de Turismo y presidenta de las Cortes valencianas en la anterior legislatura. A estos ocho diputados es probable que, en el futuro, se sumen la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, implicados en el caso Brugal que investiga el presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante en beneficio del promotor Enrique Ortiz.

De todos ellos, el primero en sentarse en el banquillo hoy mismo será Jorge Bellver. El concejal de Urbanismo de Valencia autorizó en 2004 las obras de un aparcamiento junto a un espacio protegido de la ciudad de Valencia, los Jardines de Monforte, obviando el obligatorio informe del servicio de Patrimonio de la Generalitat. Anteriormente, Patrimonio ya había obligado al Consistorio a modificar profundamente otro proyecto urbanístico en el mismo entorno. El fiscal y el juez instructor consideraron que el concejal omitió el informe a propósito para eludir los previsibles obstáculos con los que se habría encontrado el aparcamiento.

Bellver, que se enfrenta a una pena de ocho años y medio de inhabilitación para cargo público, fue incluido en las listas del PP a las últimas elecciones autonómicas por deseo de Rita Barberá. El movimiento produjo la paralización del procedimiento que se seguía contra él (en enero el juez ya había dictado la apertura de juicio oral) porque desde el momento en que obtuvo el acta de diputado dejó de poder ser juzgado por un tribunal ordinario y su causa se elevó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. Junto a Bellver se sentarán en el banquillo el secretario del Ayuntamiento de Valencia, Pedro García Rabasa, el jefe de servicio de Circulación y Transporte, el jefe de servicio de Planeamiento y una arquitecta técnica. Todos ellos se han declarado inocentes y han alegado que en caso de haber incumplido la normativa urbanística lo habrían hecho de forma involuntaria, por lo que su actuación no tendría trascendencia penal sino en todo caso administrativa.