Un indignado más

Dos noticias de los últimos días sobre el proceso de transformación de Novacaixagalicia (NCG) en una entidad bancaria han suscitado una notable indignación. Por una parte la evaluación del valor del patrimonio neto de NCG por parte de los expertos contratados por el Banco de España ha arrojado un resultado desolador: vale menos de 200 millones de euros, lo que permitirá a la fundación que prolongue a la caja fusionada participar en el capital de la nueva entidad con un irrisorio 7%, lejos de la última referencia del presidente de la Xunta (15%) y de las expectativas más optimistas que algunos -yo me incluyo- teníamos al inicio del proceso.

Por otra parte la publicación, parcial, de las indemnizaciones y otras retribuciones percibidas por directivos de NCG. Si sumáramos las devengadas en el muy reciente proceso de fusión nos encontraríamos con un importe global que, en la banda baja, supone más de un 25% del valor de la entidad.

En medio de la burbuja inmobiliaria, la codicia y el cortoplacismo faciltaron decisiones temerarias

Es normal indignarse. Sobre todo cuando coinciden ambos fenómenos. La jibarización de las cajas, la más relevante. La prima a los antiguos directivos, la más simbólica. El espectáculo de que los que han dirigido mal la nave sobrevivan al naufragio con un áureo salvavidas financiero hiere la sensibilidad democrática. Por eso es preciso levantar el velo. Vivimos en la ignorancia y la confusión. Podemos imaginar en ambos casos el fondo del asunto. Cómo la codicia y el cortoplacismo en el contexto de una burbuja inmobiliaria facilitan decisiones temerarias y que los controles se relajen. Cómo son replicadas en el interior de las cajas las prácticas salariales del sector, máxime cuando los negocios marchan viento en popa y los que deciden, de facto, son los directivos beneficiarios de los contratos.

Pero es imprescindible una mayor transparencia. Con una u otra fórmula. En Galicia y en España. Para llegar a entender cómo, cuándo y por qué se pasa de la solvencia garantizada -tanto el Banco de España, que supervisaba el proceso y autorizó, por ejemplo, la fusión, como la Xunt,a que también tenía funciones de vigilancia y avaló públicamente la solvencia en varias ocasiones, o la empresa auditora KPMG que escudriñó las tripas de las entidades para concluir que eran suficientemente fuertes para en los supuestos más extremos sobrevivir si se fusionaban- a la anorexia patrimonial actual. ¿Qué sucedió? ¿No reflejaban las cuentas las operaciones con problemas? ¿Les fue ocultada información a los auditores o a los supervisores? ¿Al propio consejo de administración? Y aún más allá: ¿quién y cómo autorizaba las operaciones de riesgo? ¿Existen responsabilidades en el ejercicio de las funciones de dirección? ¿Ejerció el Banco de España correctamente su cometido? ¿Y la Xunta?

Y algo parecido se puede decir de las indemnizaciones y otras retribuciones de los directivos. No hay por qué dudar, a priori, de su corrección formal. Pero hay un problema de moral hazard cuando esas cantidades son percibidas con independencia de los resultados; y un problema de gobernanza si los miembros del consejo de administración, como parece, desconocían esos extremos.

En el fondo, la perniciosa idea de que las entidades del sector financiero tienen -tenían- su existencia garantizada por un Estado que no las dejaría caer explica la asunción excesiva de riesgos. Y la soberbia de una élite tecnocrática que no se jugaba su capital y que solo respondía ante sí misma, aunque decía representarnos a todos agudizó considerablemente el desastre. Pero, si únicamente era posible ganar y si eran tan buenos, ¿cómo no garantizarse una remuneración adecuada a sus capacidades y al volumen del sacrificio que realizaban trabajando en bien de todos?

Debemos saber. Entre otras cosas para evitar que los responsables del naufragio y de la autorización de los blindajes de los directivos en cualquier situación puedan seguir al frente de la nave cuando esta es reflotada con dinero de todos los españoles.

Xaquín Fernández Leiceaga es diputado del PSdeG en el Parlamento gallego