El Tribunal de Cuentas condena la gestión del PP en la Zona Franca

El Tribunal de Cuentas cree que el agujero económico ocasionado en la Zona Franca de Cádiz durante la gestión del PP al frente de este organismo entre 2000 y 2004 tiene dos responsables contables directos: los dos exdelegados Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna. La sentencia del máximo órgano fiscalizador del Estado sobre la Zona Franca, conocida ayer, les obliga a pagar un total de 4,32 millones de euros. Esta investigación es paralela a la instrucción penal, cuya fecha de juicio sigue pendiente de fijarse. El Tribunal de Cuentas cree que Rodríguez de Castro actuó intencionadamente para su propio beneficio mientras que ve la actuación de Osuna como "una grave negligencia".

Fondos del proyecto Rilco acabaron en cuentas del delegado Rodríguez de Castro

El tribunal cree que Osuna cometió una negligencia grave en su gestión

El proyecto Rilco, un portal informático para el comercio electrónico con América Latina, es lo más cuestionado en el informe de fiscalización de la segunda etapa del PP en la Zona Franca, que dio pie a la sentencia. Abarca año y casi tres de meses de gestión de Rodríguez de Castro, hasta que dimitió el 19 de febrero de 2001, acuciado por los escándalos y las denuncias. Incluye todo el mandato de Miguel Osuna hasta el cambio de Gobierno en 2004, cuando fue relevado por el socialista José de Mier, quien continúa en el puesto.

Rilco fue el proyecto personal de Rodríguez de Castro. Ideó el portal informático y adjudicó el contrato a una empresa de Miami, que incumplía el pliego de condiciones y con la que mantenía relaciones directas. Algunos pagos los firmó días después de su cese.

La sentencia es muy dura contra Rodríguez de Castro. El tribunal da por bueno el informe de la Abogacía del Estado que demostró que dinero pagado por la Zona Franca a Rilco terminó ingresado en cuentas de Rodríguez de Castro. Además de por los fondos aprobados irregularmente para este proyecto, le condena a reintegrar a la Administración 5.670 euros por algunos pagos con tarjetas y contratos de asesoría en imagen no justificados. Es una práctica ya detectada en la fiscalización de su primera etapa hasta 2000, cuando fue condenado a pagar 208.000 euros. "Su afán fue menoscabar el patrimonio público. Su responsabilidad contable lo ha sido a título de dolo", se lee en la sentencia.

El tribunal no es tampoco benevolente con Miguel Osuna, aunque no ve intencionalidad en su actuación sino una "grave negligencia". Osuna siempre ha defendido su inocencia y durante su declaración argumentó que desconocía la verdadera naturaleza de los pagos que aprobó durante su mandato como herencia de lo dejado por su antecesor.

Osuna también acusó a la Abogacía del Estado de no haberle informado. La sentencia le desmiente en este punto. "La Abogacía tuvo una diligente intervención en defensa de la legalidad". Y arremete contra el exdelegado. "Todo gestor está obligado a velar por las irregularidades y no podrá alegar que los daños que se imputan son consecuencia de los gestores que les precedieron".

Osuna es quien más dinero tiene que pagar por haber aprobado cantidades de mayor valor para Rilco. En total, tendrá que abonar 2,67 millones de euros por el contrato del portal informático y la devolución de las ayudas públicas recibidas, sin contar los intereses. Rodríguez de Castro suma una condena de 1,64 millones de euros, a los que habrá que sumar también los intereses.

La sentencia, que es recurrible, es un duro varapalo al argumentario del PP de Cádiz que, aunque ha renegado de Rodríguez de Castro, sigue defendiendo a Osuna como un buen gestor. Ayer el PSOE pidió responsabilidades a la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez. Aunque son investigaciones distintas, es un precedente de lo que puede pasar en la instrucción penal, que tiene pendiente fijar la fecha de juicio, y donde ambos exdelegados aparecen imputados por varios delitos como malversación de caudales públicos.