Avisados quedamos
Duran i Lleida ha dicho lo que ha dicho sobre el PER sabiendo que es falso. Es posible que no esté muy bien informado sobre Andalucía, pero no puede no estar lo suficiente para saber que lo que estaba diciendo no podía ser verdad. Dictar a sabiendas una resolución injusta es la definición del delito de prevaricación. Políticamente es lo que ha hecho el portavoz parlamentario de CiU. Hacer a sabiendas una manifestación injusta por inveraz. Por eso no va a rectificar. Todo lo contrario. Cada vez que vuelva sobre el tema, será peor. Salir ahora con que él no se refería a los jornaleros andaluces sino a los gobernantes, es un insulto adicional.
Lo preocupante de la manifestación de Duran i Lleida no es que la haya hecho, sino la motivación que está detrás de la misma, que es la que le impide rectificar. Si la declaración se le hubiera escapado, habría rectificado inmediatamente. En los años ochenta, el entonces presidente de la Genaralitat de Cataluña, Jordi Pujol, se refirió de pasada a que la respuesta que se le ofrecía para un determinado problema era un poco gitana y ante la comprensible reacción de la comunidad gitana, rectificó inmediatamente, reconociendo que lo que había dicho era una barbaridad. Pidió disculpas sin más. Es lo que tenía que haber hecho Duran i Lleida y es lo que no ha hecho.
El asunto en sí no tiene mucha importancia. Es un despropósito que se califica por sí mismo. Pero sí la tiene como indicador de la degradación del clima político en nuestro país. En un momento en que en Cataluña se están haciendo recortes significativos en prestaciones tan básicas como la sanidad y la educación, se pone en circulación un discurso en el que se les dice a los ciudadanos de Cataluña que en buena medida los recortes se están produciendo porque Cataluña paga mucho más de lo que recibe y paga incluso para favorecer la ociosidad en otras partes del Estado, como Andalucía y Extremadura.
Este es el peor debate territorial que puede producirse. En estos términos no es que sea imposible llegar a ningún acuerdo, sino que es imposible siquiera empezar a hablar. Tal vez sea eso lo que se está buscando. Tengo la impresión de que el nacionalismo convergente catalán ha llegado a la conclusión de que no le interesa hablar de la financiación de manera multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sino que le conviene hablar bilateralmente con el Gobierno de la nación. El Gobierno de la Generalitat ya tiene en su poder un dictamen en el que se indica que el concierto es una opción que cabe en la Constitución y es en esa dirección en la que va a centrar su estrategia. No es necesario ningún tipo de complicidad con cualquiera de las demás comunidades autónomas. Al contrario. Lo que se busca es constituir un estado de opinión abrumadoramente mayoritario en el interior de Cataluña con la finalidad de poder negociar con la mayor fuerza posible. La agresión exterior como arma defensiva es un recurso de manual en estos casos.
La declaración de Duran i Lleida sobre el PER es, pues, una primera escaramuza en un enfrentamiento por la financiación del Estado autonómico que, formalmente todavía no está abierto, pero que se abrirá después del 20 N. Ese es el sentido que tiene. Por eso se ha ratificado en su declaración en una reunión de su partido y por eso recibió la ovación cerrada de la militancia. Es un aviso del nacionalismo catalán de por dónde va.
El momento no es el mejor para el debate, pero la política es la síntesis de todas las contradicciones que se dan en una sociedad y nadie puede individualmente elegir el orden con el que enfrentarse con ellas. Avisados quedamos.
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