La Xunta intenta salvar la obra social traspasando edificios de la caja al banco

2.200 empleos y 100 millones de euros de inversión anual están en peligro. O directamente perdidos si se analiza la situación en que ha quedado la caja que nació tras fusionar Caixa Galicia y Caixanova y dar origen a un nuevo banco. La obra social, lo que distinguía a estas entidades de los bancos convencionales, de Novacaixagalicia (NCG) tenía 4,3 millones de beneficiarios y dedicaba 25 millones de euros a programas educativos y asistenciales. Que ya no podrá subsistir tal y como estaba concebida lo admitió el pasado jueves el encargado de gestionarla, Guillermo Brea. Confirmó que la obra social es "inviable" en el actual contexto, en el que las únicas ganancias de las cajas serán las que se deriven de los dividendos que le suponga su exigua participación, del 6,84%, en Novacaixagalicia Banco.

El traspaso permitiría a la caja aumentar un 2% su peso en el Banco

PSOE y BNG temen el fin de la ayuda social que "la Xunta no podrá asumir"

Fuentes de la Xunta aguardan que pueda mantenerse parte de la la obra social, con su "espíritu originario", y desde luego con un presupuesto mermado, incomparable con los 100 millones de euros que se venían destinando en cada uno de los últimos ejercicios. Lo que el Gobierno gallego deja entrever es que se acabó el tiempo de comprar edificios singulares -NCG tiene 97, incluidos varios auditorios en las ciudades- y piezas artísticas de valor incalculable. El plan que maneja la conselleira de Facenda, Marta Fernández Curras, se parece mucho al cuento de la lechera. Pasa por incrementar el peso de la caja en el banco recién constituido. Actualmente es del 6,84% por más que el presidente, Alberto Núñez Feijóo, comprometiese que esa valoración alcanzaría el 15% y le permitiría constituirse en una "minoría de control", además de tener una participación mayor en los beneficios del banco.

Aunque NCG ya ha transferido parte de su patrimonio inmobiliario al banco, la idea de la Xunta pasa por traspasarle otros edificios singulares ahora en manos de la caja, de forma que esta incremente su peso dentro de la nueva entidad financiera en un 2%. Algunas fuentes vinculadas a la desaparecida Caixanova señalan que ese porcentaje podría subir hasta el 3% dependiendo de la tasación que se haga de los inmuebles.

Esa operación y la esperanza de que el presidente de NCG Banco, José María Castellano, logre una aportación de inversores privados de entre 500 y 700 millones de euros para comprar acciones al FROB, lo que propiciaría a su vez que el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria rebajase en dos puntos la exigencia del capital básico del banco, constituyen la apuesta de la Xunta para salvar parte de los fondos de la obra social. Las mismas fuentes del Gobierno gallego deslizan que ese es el acuerdo al que había llegado Feijóo con Castellano y el Banco de España, que llevó a la Xunta a autorizar la constitución del nuevo banco, un trámite aprobado en septiembre. A pesar de todo, ni los más optimistas en el PP y la Xunta creen ya que la caja pueda mantener en el futuro el ritmo inversor de estos años. Ni siquiera en el caso de que incremente su peso en el banco hasta el 15%, hipótesis hoy por hoy descabellada. "La apuesta es devolver el sentido originario que tenía la obra social", asegura un dirigente próximo a la conselleira de Facenda.

La oposición no se cree nada. Ni siquiera atisba una salida que permita salvar los muebles. El jueves, en su entrevista con los sindicatos, el director general de la obra social, Guillermo Brea, les anticipó que ésta se encuentra abocada a convertirse en "algo similar a la Fundación Barrié". Esto es, media docena de empleados y una más restringida acción social. Pero en 24 horas, el futuro de la Barrié quedaba en entredicho también con la absorción del Banco Pastor por el Popular en la oleada de descabezamiento de la banca gallega.

Socialistas y nacionalistas no solo muestran su preocupación por los empleos que están en juego con la desaparición de la obra social de la caja, sino por las prestaciones sociales que ésta destinaba a los colectivos más débiles y con las programaciones culturales. "La Xunta no podrá asumirla y no tiene sentido que lo haga porque para eso lo asumiría ya directamente", razona el portavoz parlamentario del BNG, Carlos Aymerich. Tanto él como el socialista Abel Losada, que ayer se reunieron con los sindicatos, se preguntan "adónde miraba Feijóo cuando bancarizaba las cajas gallegas".

Un grupo de jóvenes se manifestó ayer frente a la sede central de Novacaixagalicia en Vigo portando los carteles que ya habían sido colocados el día anterior por la ciudad: fotografías de los exdirectivos con las cantidades cobradas por prejubilarse.