Amnistía olímpica tras el dopaje

Todos los cretenses son mentirosos, dijo Zenón de Elea, que era cretense. Es un ejemplo de enunciado racionalmente inviable. Otro: el artículo 45 de la Carta Olímpica, que dice que todo deportista suspendido por dopaje no puede participar en los Juegos siguientes a haber cumplido su sanción, pues no casa con el 44, por el que el Comité Olímpico Internacional (COI) acepta someterse al Código Mundial Antidopaje (CMA). Un contrato, una ley, ni inferior ni superior a la Carta Olímpica, que establece que, una vez cumplida su sanción, un deportista es libre de participar en cualquier campeonato para el que se haya clasificado. Así lo estableció ayer el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), que para zanjar la cuestión decidió que el artículo 45 -conocido como regla Osaka, pues en una reunión en la ciudad japonesa en junio de 2008 decidió el COI redactarlo- era una aporía en sí, inviable y, por tanto, no aplicable. "Si quiere establecerlo el COI, que cambie el Código Mundial Antidopaje", le insta el TAS.

El TAS considera que los deportistas eran sancionados dos veces por un delito

Aparte de su valor académico y ciertamente olímpico y político -tanto el TAS como la Agencia Mundial Antidopaje, redactora del Código, son dos emanaciones del COI, tanto como su propia Carta, en su intento de adecuarse al ritmo de los tiempos: dos hijos respondones que no se someten al dictado del padre COI; dos tumores, pues-, la resolución del TAS influirá también en la vida de muchos deportistas, empezando por la de LaShawn Merrit, campeón olímpico de 400 metros en Pekín, quien, temiendo no poder acudir a Londres 2012, pues ha cumplido una sanción de 21 meses por un positivo con un producto que dice que usó para alargarse el pene, logró que el comité olímpico de su país, Estados Unidos (USOC), desafiara al COI ante los árbitros del TAS. Merrit podrá, si se clasifica, defender su título en Londres y Paquillo Fernández, el marchador español sancionado un año por tener productos dopantes en su nevera, también.

Mientras el COI, por voz de su presidente, Jacques Rogge, que testificó en el proceso, mantenía que el artículo 45 no era sino una regla de elegibilidad -como las que regulan las clasificaciones mediante mínimas o torneos preolímpicos o como la edad mínima para poder participar-, el USOC mantenía que en el fondo no era sino una sanción añadida que no estaba contemplada por el Código Mundial Antidopaje.

En su resolución, el TAS se inclina por esta interpretación, a la que, utilizando el recurso del amicus curiae, se habían sumado previamente en apoyo del USOC numerosas agencias nacionales antidopaje -no la española, pero sí la danesa, la noruega, la neozelandesa, la japonesa, la sudafricana, la británica, la estadounidense, la suiza y la francesa-, comités olímpicos -no el español, pero sí el holandés y el húngaro- y algunos elementos exóticos, como la Universidad de Valparaíso (Chile), la federación rusa de biatlón y la Asociación de Ciclistas Profesionales, el sindicato español de corredores, cuyo asesor jurídico, promotor e ideólogo es José Rodríguez, el abogado de Paquillo y también el de Marta Domínguez y, entre otros, los corredores Valverde y Astarloza, quienes también podrían verse beneficiados por la derogación de la regla Osaka.

Mientras el COI lamentó la resolución y abogó por una modificación del Código para endurecer las sanciones, la Agencia Mundial Antidopaje recordó que no está previsto tocarlo aún. En el proceso de arbitraje, ya había advertido al COI de que el mantenimiento de la norma haría que los respectivos comités de competición fueran más benevolentes y tan solo fijaran sanciones de seis meses como máximo, una duración que no se veía afectada por el artículo 45 ahora anulado.