Alabama impone una ley migratoria que aleja a los menores de la escuela

Alabama cuenta con la ley de inmigración más rigurosa de todo EE UU. El Departamento de Justicia intentó impedir con un recurso que entrara en vigor al considerar que viola la Constitución. Pero la decisión de una juez federal, que aprobó algunos de los artículos más radicales, ha permitido que este Estado del sur se convierta en el territorio más hostil para los sin papeles.

Con efecto inmediato, salir a la calle sin un documento de identificación constituye delito. Los agentes de policía pueden desde el pasado viernes comprobar la situación migratoria de cualquiera sospechoso de carecer de permiso para vivir en el país. Este último apartado coincide con la ley de inmigración de Arizona, que en 2010 despertó una ola de críticas por el riesgo de derivar en una discriminación en función de la raza.

Alabama, centro de la lucha por los derechos civiles de los ciudadanos afroamericanos en los años cincuenta, también ha prohibido que las empresas proporcionen servicios a clientes indocumentados. Miles de familias obligadas a vivir a escondidas de las autoridades tampoco podrán contratar agua ni luz. Por primera vez, además, una ley de inmigración señala a los menores de edad: las escuelas públicas están obligadas a comprobar el permiso de residencia de los estudiantes y de sus progenitores.

La dureza de la legislación contrasta con el reducido tamaño de la comunidad hispana, que representa apenas un 3% de la población. La media de otros Estados es del 12%. La ley es una reacción a su rápido aumento durante los últimos diez años: Alabama es el segundo Estado donde la comunidad hispana ha crecido más desde 2000. En cuanto a los menores de 18 años, el censo estimó en 2009 que unos 79.000 niños y jóvenes pertenecen a familias de inmigrantes. De ellos, el 88% tiene permiso de residencia. Aun así, según The New York Times, casi 2.000 estudiantes hispanos se ausentaron de los colegios públicos de todo el Estado el pasado viernes, un 5% del total. Scott Douglas, director de una coalición de organizaciones religiosas de Alabama, considera que es imposible saber exactamente lo que va a pasar: "Estamos hablando de niños estadounidenses con hermanos indocumentados. Es muy difícil encontrar cifras exactas. Puedes hablar de unidades familiares, pero incluyen a gente en todo tipo de circunstancias distintas".

"La ley amenaza directamente a la educación, la seguridad y el bienestar de los menores", condenó Wendy Cervantes, vicepresidenta de First Focus, un grupo por los derechos del niño. "Normas como esta convierten a los directores de colegio en policías y desvían los recursos de educación a perseguir a los menores".

Douglas alerta también del impacto económico de esta ley en las familias hispanas y en el futuro de la comunidad. Los últimos datos muestran que, por primera, vez los niños hispanos son el mayor grupo que vive en la pobreza: un 22%. En Alabama, el porcentaje asciende al 27%. "Una de las mayores paradojas en este Estado es que la educación pública está financiada con los impuestos sobre el precio de los alimentos. Cuánto más pobre es una familia, más aportan [proporcionalmente] a la educación".

La juez federal Sharon Blackburn, nombrada por el expresidente George H. Bush en 1991, sí bloqueó otros apartados como la prohibición de llevar en un vehículo a inmigrantes indocumentados.

El Departamento de Justicia ha recurrió la última decisión de la juez inmediatamente. El presidente Obama ha afirmado en varias ocasiones que rechaza iniciativas estatales porque la solución pasa por una reforma a escala nacional. Para ello, deberá superar la oposición del Partido Republicano.