Novacaixa autorizó sin control previo las prejubilaciones

Los mecanismos de control fallaron o, mejor dicho, no solían funcionar. Solo así se entiende que la comisión de retribuciones, la encargada de fiscalizar la política general de salarios e incentivos en Novacaixagalicia, asumiese desde el primer momento contratos heredados de las antiguas Caixa Galicia y Caixanova sin pararse a pensar en las consecuencias de sus liquidaciones. Sobre todo cuando la integración, formalizada en diciembre del año pasado, necesitó 1.164 millones del fondo de rescate para comenzar a andar, que después se sumarían a los 2.464 millones de la segunda ronda del FROB para recapitalizar el banco resultante.

Fuentes próximas al Consejo aseguran que la equiparación de contratos de alta dirección obligó a crear uno nuevo, el del director adjunto Javier García de Paredes, "el único que se autorizó en esa comisión", en una reunión celebrada el 30 de diciembre de 2010.

Meses más tarde, con el decreto de recapitalización de las cajas haciendo temblar los cimientos de la fusión gallega por su baja solvencia, la comisión de retribuciones se volvió a reunir. Esta vez el asesor Ricardo Pradas informó de que los contratos de los altos directivos podrían rescindirse con la transformación en un banco porque "cambiaban sustancialmente las condiciones de trabajo".

Era preciso hacer una provisión de fondos de 23 millones de euros por si acaso. Ningún miembro de esa comisión, presidida por Julio Fernández Gayoso e integrada por cinco personas (entre ellas el expresidente de la Diputación de A Coruña del PSOE y de un ayuntamiento gobernado entonces por el BNG), se preguntó a cuánto ascendía cada indemnización por prejubilación. Simplemente se autorizaron. Dos meses después saltó el escándalo que ha provocado una ola de indignación.

Los dardos apuntaron ayer más que nunca hacia el Banco de España por haber permitido que cajas de ahorros como NCG y CAM "hayan incurrido en la malversación de fondos para que se forrasen sus directivos". Gaspar Llamazares, de IU, exigía así la dimisión del gobernador, Miguel Fernández Ordóñez, cómplice según él de que "miles de millones financien a directivos de cajas fracasadas". El PP gallego fue detrás, instando a Ordóñez a tomar decisiones.

El candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, les recordó que quien tiene realmente competencias en esa materia son las comunidades. "Pregunten a los presidentes", instó, en referencia a los gobiernos del PP.