El TSJA exculpa a una diputada popular de fraude electoral

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha acordado retirar la imputación a la parlamentaria andaluza del PP María del Carmen Reyes considerada con anterioridad "cooperadora necesaria" en la supuesta alteración del censo de Lanjarón (Granada). Ese falso empadronamiento se remonta a fechas previas a las elecciones municipales de 2007. El TSJA se suma así a la postura de la Fiscalía Superior de Andalucía y también a lo que solicitó la propia aforada.

El caso lo remite ahora al Juzgado de Instrucción número 2 de Órgiva del que procedía. Allí debe continuar la investigación respecto a los demás imputados, el exalcalde del municipio José Rubio (PP), una concejal y la secretaria local del PP. La parlamentaria era entonces concejal de la corporación y aunque el TSJA le reprocha su actuación, que al menos éticamente es reprobable, aclara que intermediar en la presentación de solicitudes de empadronamiento hechas por terceras personas -no imputadas- y practicadas por funcionarios municipales -tampoco imputados- carece de "relevancia necesaria" para considerarla cooperadora necesaria.

El auto dictado ahora por el presidente del alto tribunal, Lorenzo del Río, y los magistrados Jerónimo Garvín y Beatriz Galindo reconoce como "acierto" del instructor Miguel Pasquau que pudiera haber existido un "concierto previo" entre el alcalde y otros compañeros de la corporación tendente a lograr un supuesto incremento fraudulento de potenciales votantes de su partido. Sin embargo, eso puede ser una "condición" pero no la "única de la coautoría", señalan. Lo que hizo la parlamentaria "no tiene entidad para construir la participación delictiva" puesto que su acción es "inocua" a efectos delictivos.

La Fiscalía presentó un recurso al auto que seguía adelante con el procedimiento puesto que, según el ministerio público, "la responsabilidad en la formación del padrón le corresponde al alcalde y a los funcionarios encargados de su gestión", por lo que no veía relación con la parlamentaria, que no era funcionaria. La imputada se adhirió a la petición, que ahora ha sido atendida por el alto tribunal. Considera el TSJA que la actuación de Reyes se sitúa "a extramuros del hecho delictivo", muy en la "periferia" de los actos relacionados con las normas de deber especial sobre formación y rectificación del censo de población.

La Fiscalía pidió precisamente que quedara sin efecto la resolución puesto que la aforada no intervenía en la tramitación de los empadronamientos, sino como "intermediaria" de los solicitantes que eran quienes suscribían las solicitudes. María del Carmen Reyes admitió en su declaración previa que "ayudó" a rellenar solicitudes a personas que lo necesitaban y negó haber animado a la gente a empadronarse.