El PP se opone a paralizar los derribos en Vilaboa

La estrategia de la oposición era sencilla: se trataba de lograr que el PP apoyara en el Parlamento la misma moción que suscribió en el Ayuntamiento de Vilaboa. En ella se insta a la Xunta a suspender cautelarmente los expedientes urbanísticos, muchos de ellos con órdenes de derribo, para las viviendas en núcleos rurales costeros amenazadas por la Ley de Costas, y a buscar una solución a través del nuevo plan urbanístico. No lo logró, y el PP impuso su mayoría para seguir adelante con un proceso que amenaza a más de 200 casas.

El portavoz de asuntos urbanísticos del Partido Popular, Román Rodríguez, no hizo alusión a la "incongruencia" de votar distinto en Vilaboa y en el Parlamento, como le recriminaron socialistas y nacionalistas en su defensa de sendas proposiciones de ley, ambas rechazadas. En lo que sí se extendió fue en las críticas al gobierno municipal de Vilaboa, de coalición de PSdeG y BNG, por no haber aprobado desde 2003 el nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), situación que, por lo demás, comparte con otros 262 ayuntamientos de Galicia. El resto de las culpas las trasladó Rodríguez al bipartito y al Gobierno central, por "rechazar las iniciativas del PP para modificar la Ley de Costas".

El grupo mayoritario se desentiende de las familias evacuadas en O Celeiriño

El PSOE contrasta los dos casos con el convenio millonario de Barreiros

La nacionalista Teresa Táboas y el socialista Ismael Rego explicaron que la peculiar situación de las viviendas se deriva de un planeamiento urbanístico de 1978, anterior a la Ley de Costas, de 1988, y por no haber alegado el Ayuntamiento a la norma que impulsó el exministro socialista Josep Borrell. Así, viviendas que en algunos casos cuentan con más de 100 años de antigüedad aparecen clasificadas como suelo no urbano. Para evitar "decisiones irreparables", reclamaron infructuosamente a la Xunta una suspensión temporal de los expedientes hasta que quede aprobado el nuevo plan general.

Aunque la petición hacía referencia a expedientes administrativos, y no a los judiciales, Román Rodríguez acusó a la oposición de "matar a Montesquieu y la separación de poderes". "Lo único que pretenden es lavarse la cara ante los vecinos después de haberlos llevado a un callejón sin salida", acusó, para asegurar después que ni la Xunta ni el PP tienen "especial animadversión a Vilaboa".

Por ahí le replicó la oposición. Ismael Rego contrapuso el caso del ayuntamiento pontevedrés con el de Barreiros, en Lugo. "Con la diferencia de que Vilaboa tiene coste cero, y el de Barreiros costará 14 millones de euros", subrayó. Rego hizo hincapié en otra diferencia: que, mientras en Barreiros los que se benefician del convenio que legalizará más de 4.000 viviendas son grandes promotoras inmobiliarias, los perjudicados en Barreiros "serán cientos de particulares que han destinado sus ahorros a su primera y única vivienda".

En la misma comisión parlamentaria, el PP aseguró que la Xunta no puede conceder las ayudas prometidas por el anterior Gobierno bipartito al enclave de O Celeiriño (Viveiro), gravemente afectado por la construcción de un edificio que dañó los cimientos del barrio, porque la promesa de 2008 "es imposible de cumplir y no tiene fundamento jurídico alguno". Así explicó el diputado José Manuel Balseiro la postura de los populares sobre la rehabilitación de este empinado enclave marinero, ubicado a 20 metros de la playa, cuyo derrumbe forzó a 20 familias a abandonar sus casas hace tres años. O Celeiriño no es ni zona rural ni conjunto histórico, y por eso no puede acogerse a la subvención de 30.000 euros por vivienda dañada, sostuvo Balseiro.

Al diputado popular tampoco le gusta que la Xunta deba hacerse cargo de las responsabilidades económicas del derrumbe, "porque fue causado por una empresa privada y esos gastos no tienen por qué ser pagados por todos los gallegos". Pero de nuevo apareció la sombra de Barreiros, a solo 45 kilómetros de distancia, y los 14 millones de euros del convenio para dotar de servicios a urbanizaciones declaradas ilegales por sentencias firmes. Balseiro justificó las diferencias: "No hay ninguna licencia dada con informe en contra y esta licencia

probablemente esté dada con algún informe en contra".