El famoso caso del grupo parlamentario del PSC

Es ilusorio pensar que una eventual recuperación del grupo parlamentario socialista catalán en el Congreso de los Diputados haría desaparecer las acusaciones de infidelidad a Cataluña que CiU lanza sin cesar contra el PSC. El "sucursalismo", la "dependencia" y la "sumisión" respecto al PSOE que los nacionalistas recriminan al PSC no provienen de que los diputados socialistas formen un grupo parlamentario o dos en las Cortes, ni de su modelo federal de articulación orgánica y política. Procede de su aversión al acervo ideológico y político compartido por el PSC y el PSOE. Lo más probable es que, si se reconstruyera el grupo parlamentario de los socialistas catalanes, los diputados de CiU en las Cortes prosiguieran aplicando la táctica consistente en presentar una y otra vez mociones sobre asuntos catalanes concebidas para obligar a los socialistas a rechazarlas. La táctica que les permite, luego, declarar enfáticamente: "Nos han dejado solos en la defensa de Cataluña".

Los socialistas catalanes deberían aclarar antes de las elecciones si quieren tener grupo propio o si olvidan el asunto

Llevan décadas haciéndolo y no van a renunciar a ello porque eso es precisamente lo que define a los partidos nacionalistas como tales, no solo a los de Cataluña: para el nacionalismo, cualquier asunto es susceptible de terminar convertido en una defensa de la nación, un concepto suficientemente plástico como para meter en él lo que en cada momento se considere más oportuno. Es una retórica destinada a dar un barniz a los intereses del partido nacionalista de turno, sea el que sea. En el caso de CiU, un partido de centro derecha que, tras unos orígenes muy marcados por la ideología democristiana, ha mutado al neoliberalismo imperante entre las derechas. En un sistema pluralista, los intereses defendidos por la derecha no son más legítimos que los representados por la izquierda. Los intereses de las patronales que aplauden a CiU no son más o menos catalanes que los de los trabajadores que se les oponen y votan a la izquierda.

Esto no significa, sin embargo, que la constitución de un grupo parlamentario socialista catalán en las Cortes no fuera positiva. Sería un instrumento útil, como lo fue ya durante las dos legislaturas en las que existió, entre 1977 y 1982. Daría visibilidad al socialismo catalán, que existe y es matizadamente distinto al del PSOE. Igual que la derecha catalana de CiU lo es de la derecha española del PP.

La eliminación de aquel grupo del PSC fue uno de los frutos de la reacción del nacionalismo españolista al calor del golpe de Estado fallido del 23 de febrero de 1981. Pero su desaparición constituyó una flagrante violación de las condiciones pactadas en 1977 por los diversos partidos socialistas existentes en Cataluña, entre ellos la federación catalana del PSOE, para unificarse y crear el PSC. Cinco años después, el PSC se tragó la eliminación de su grupo porque la extraordinaria victoria de los socialistas en 1982, con una apabullante mayoría absoluta, produjo una euforia tal que engulló el asunto, literalmente, y lo compensó con una relevante participación del PSC en el Gobierno de Felipe González.

Desde entonces, sin embargo, ha llovido mucho y, de vez en cuando, ha sido en forma de reclamación del grupo por parte de un sector del PSC. El famoso caso del grupo parlamentario del PSC se ha convertido en un Guadiana. Sale una y otra vez a la superficie del debate político para luego desaparecer. Lo más curioso es que, ahora, quienes lo reclaman en el propio PSC aceptan que desaparezca de la agenda electoral, que es la mejor circunstancia para conseguir su objetivo. Es precisamente cuando se va a unas elecciones a Cortes cuando el PSC debe decir a los electores qué quiere hacer con los diputados que obtenga. Debe definir si quiere integrarlos en un único grupo socialista junto con los diputados obtenidos por el PSOE o quiere crear el grupo del PSC. Aclararlo ahora, antes de las elecciones, obligaría al PSOE a hacer lo propio. Es el PSOE el que está en falso en esta cuestión, pues incumple el solemne pacto fundacional. Posponer el retorno a la normalidad es resignarse a la política de hechos consumados que rige desde 1982. Es comprensible que se intente evitar un choque en periodo electoral; pero si se impone este criterio, sería mejor que se olvidaran luego del asunto en vez de marearlo cuando no corresponde.