Nombramiento imprudente

Ante el escándalo provocado por su nombramiento, la nueva directora territorial de Urbanismo en Alicante, Elisa Díaz, ha declarado a la prensa que no piensa dimitir. "Quienes piden mi dimisión -ha dicho Díaz a los periodistas- lo hacen por motivos políticos". ¡Naturalmente! Dado que la dirección territorial de Urbanismo es un cargo político, no logro imaginar que otro carácter podríamos dar a la petición. En cualquier caso, lo que parece fuera de duda es que nos encontramos ante uno de esos sucesos desafortunados que tan a menudo ofrece la política. Si quienes la eligieron para el puesto hubiera actuado con algún sentido común, el alboroto se habría evitado fácilmente. Puesto que se trataba de buscar un acomodo laboral a la hija de Luis Díaz, bastaba haberla colocado en cualquier otro puesto de la Administración. De todos los cargos posibles, el menos apropiado era, sin duda, el de directora de Urbanismo en Alicante. Con el nombramiento, se traslada a los alicantinos la impresión de que la influencia de Díaz Alperi está por encima de cualquier decoro.

Las nuevas facultades que el Consell acaba de dar a las direcciones territoriales de Urbanismo añaden un punto de gravedad al caso. A partir de ahora, la última palabra sobre el Plan General de Alicante queda en manos de Elisa Díaz. Es decir, la hija de uno de los principales implicados en los manejos del PGOU de Alicante -así aparece en los informes de la policía- deberá decidir su aprobación. ¿No resultará una carga excesiva para alguien que, por toda experiencia, cuenta con una carrera de Derecho y un máster en urbanismo? La madeja se ha enredado de tal manera que cualquier decisión que se tome para resolver el embrollo será insatisfactoria. El más perjudicado por ello es el propio Gobierno valenciano. El cambio de tono que Alberto Fabra trata de mostrar en los inicios de su mandato, se ve irremediablemente afectado por un suceso que, se mire como se mire, le resta credibilidad.

Todo esto sucede cuando acabamos de conocer los informes de la Policía que añaden nuevas sombras a la tramitación del Plan General de Alicante. Los documentos intervenidos en el despacho de Salvetti Abogados dibujan una minuciosa y hábil trama para controlar el urbanismo de la ciudad. Ante las revelaciones policiales, Sonia Castedo -su hermano es uno de los socios del despacho- ha insistido una vez más en su inocencia. La alcaldesa ha anunciado que en los próximos días aportará pruebas precisas para demostrarlo. Deberán ser unas pruebas consistentes y bien documentadas. Los informes publicados por la prensa son de una minuciosidad que los hace difíciles de rebatir. Si Castedo pretende que el relato de sus pruebas resulte creíble deberá tener, al menos, la misma verosimilitud que las revelaciones publicadas.

Unos años atrás, el nombramiento de Elisa Díaz apenas hubiera merecido alguna que otra sonrisa irónica de complicidad. En aquel momento, todo el mundo andaba demasiado ocupado haciendo dinero y estos escándalos no preocupaban. Algunas personas, muy pocas, se hubieran alarmado; la mayoría, sin embargo, lo habría considerado algo propio de la política. La gravedad de la crisis económica ha hecho cambiar esta percepción. Conductas que antes se toleraban por considerarlas parte del juego, hoy provocan indignación. En estas circunstancias, ¿es conveniente que el alicantino crea que el Plan General de la ciudad se ha dejado en manos de la familia Díaz?