Zubiaurre involucra ante el juez del 'caso Sprilur' al exalcalde de Santurtzi

Antton Zubiaurre, exdirector de la sociedad pública Sprilur, declaró el pasado día 20 en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número ocho de Bilbao, que la operación de compra de terrenos de Santurtzi que está siendo investigada, se hizo después de llegar a un acuerdo con el ex alcalde de esa localidad, el socialista Javier Cruz, para recalificar como suelo industrial los 10.000 metros cuadrados de dicha parcela.

El juez ha imputado a Zubiaurre por un supuesto delito de malversación de caudales públicos, ya que presuntamente pagó de manera irregular por unos terrenos hasta cinco veces por encima de su valor de mercado y nunca fueron recalificados, causando una pérdida patrimonial al Gobierno superior a los cinco millones de euros, si se computan otras dos operaciones.

El intermediario mantuvo ante la Ertzaintza igual tesis que el exdirector

La operación con los terrenos nunca se llegó a concretar

Cruz testificó que jamás habló con el imputado sobre la recalificación

Zubiaurre afirma que la gestión de la compra la llevó un bufete de Bilbao

Zubiaurre subrayó ante el juez que la compra de los terrenos, propiedad de un primo del presidente del PNV vizcaíno, Andoni Ortuzar, se realizó tras una reunión que mantuvo con el entonces regidor de Santurtzi, Javier Cruz, en la que este se comprometió a recalificar los terrenos de rústicos para un uso industrial.

La misma tesis que Zubiaurre apuntó el pasado día 20 ante el juez, la desgranó ante la Ertzaintza José Francisco Darquistade, administrador único de la sociedad intermediaria de la operación, Avalancha SL. Esta firma ingresó por las tareas de asesoramiento un talón al portador emitido por Sprilur de 460.165 euros. El talón no dejó ningún reflejo en la contabilidad de la sociedad pública, que depende de la consejería de Industria. Las Administraciones públicas nunca pagan con talones al portador.

Darquistade relató ante la Ertzaintza que Zubiaurre le informó de la existencia un proyecto de desarrollo industrial en la zona, "los precios que se ofertarían por metro cuadrado y, sobre todo, cómo el alcalde de Santurtzi habría dado el visto bueno al proyecto" y, por tanto, a la recalificación.

De su lado, Javier Cruz testificó que jamás habló con Zubiaurre para la recalificación de los terrenos. La recalificación no se llegó a producir en ningún caso. El terreno no resultaba apto para un uso industrial, según los peritajes del propio Gobierno y de la Diputación de Bizkaia, que sostienen en sus informes que, al encontrarse en la ladera de una montaña, su adecuación para ese fin iba a resultar extremadamente agresiva y cara.

Los 460.165 euros que figuraban en el talón que ingresó Darquistade suponían algo más del 12% del precio de compra estipulado para las 10 hectáreas de terreno, por el que Sprilur pagó 3,36 millones de euros.

La policía considera irregular y sospechoso que ese talón, que debiera de haber sido cobrado, en todo caso, por el vendedor de los terrenos, J.C.A.B. terminara en manos de una sociedad denominada Avalancha Proyectos.

Pero ahí no acaban los hechos extraños relacionados con esta operación. Avalancha facturó a J.C.A.B por los servicios de intermediación, es decir, por ponerle en contacto con Sprilur, una cantidad de 397.388 euros pese a cobrar 460.165. Avalancha Proyectos incorporó así a su contabilidad una factura por valor de 62.777 euros menos de lo que ingresó. La policía explica en las conclusiones de la investigación que remite al juez que ello podría ser la evidencia de un pago a terceros.

El exdirector de Sprilur, quien tiene otra causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao por supuestos delitos de descubrimiento y revelación de secretos por espiar presuntamente a altos cargos de Industria, se desmarcó totalmente de la gestión de la venta, al asegurar que todo lo relativo a ese proceso fue encargado al bufete bilbaíno de abogados de Antón Pérez Sasía.

Darquistade precisó que el abogado encargado de ese asunto, dentro del bufete era "Juanma de Sosa". Zubiaurre respondió de esa manera cuando le preguntaron por la emisión de un talón al portador como forma de pago de los terrenos. "La gestión de la compra la llevó el bufete de Pérez Sasía", dijo al juez.