El fiscal pide cárcel para tres vendedores de chalés ilegales
Las casas no tenían licencia y debían ser demolidas
El fiscal ha solicitado penas que suman 15 años para tres personas de Elche acusadas de estafar a 12 ciudadanos extranjeros, a los que les vendieron entre 2003 y 2005 parcelas y viviendas en la urbanización ilicitana Sierra del Molar sobre las que pesaban órdenes municipales de demolición al haber sido construidas en suelo no urbanizable y sin las preceptivas licencias.
Los encausados son el administrador de dos mercantiles dedicadas a la venta de terrenos y la construcción de viviendas, así como a la actividad inmobiliaria, su socio en ambas empresas y una tercera persona que actuaba de traductor para los extranjeros interesados en la compra de las casas.
La estafa consistía en mostrar a los compradores viviendas ya edificadas en la primera fase de la urbanización como casas piloto, pero todas ellas estaban construidas sin licencia y en suelo no urbanizable propiedad de los empresarios. El fiscal asegura en sus conclusiones provisionales que los vendedores "no comunicaron a los agraviados en ningún momento la existencia de los expedientes, ni de los decretos de demolición", pero cobraron con la periodicidad pactada los sucesivos pagos que les hicieron los compradores durante la construcción de su vivienda.
El ministerio público solicita para cada uno de los acusados cinco años de cárcel y 10 meses de multa, con una cuota diaria de 20 euros, por la comisión de un supuesto delito de estafa inmobiliaria agravada. También pide que los estafadores o las mercantiles que dirigían, como responsables civiles directas y solidarias, indemnicen a los afectados con la cantidad económica en la que se tasen los perjuicios causados, ya que los afectados por esta estafa desconocían la situación real de las parcelas y las viviendas cuando firmaron los contratos de compraventa.
Los acusados alegan que no tuvieron conocimiento de ninguno de los expedientes sancionadores por infracción urbanística que el Ayuntamiento de Elche incoó durante 2004, a pesar de que los notificó en el domicilio social de una de las mercantiles
El juicio por esta causa comienza mañana en la sección séptima de la Audiencia de Alicante, que tiene su sede en Elche.
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