El Gobierno pide a la CNE que investigue las subastas eléctricas

El Gobierno no se fía del funcionamiento de las subastas de energía, que sirven para fijar la mitad del precio de la electricidad cada trimestre, y ayer pidió a la Comisión Nacional de Energía (CNE) que las investigue. El ministro de Fomento y portavoz, José Blanco, lanzó el mensaje y denunció que la última subida, de la subasta del martes, se situó "muy por encima de lo razonable". El Ejecutivo ha decidido neutralizar esta subida reduciendo la parte regulada de la tarifa, y la patronal del sector, Unesa, anunció ayer que recurrirá esta orden ministerial ante el Tribunal Supremo. Así comenzó un nuevo capítulo, el enésimo, de la batalla con las eléctricas.

Las subastas entre comercializadoras de energía, llamadas Cesur, se realizan cada trimestre desde 2007 y sirven para fijar la parte libre de la tarifa eléctrica a la que están sujetos unos 20 millones de consumidores, la mayoría, que son los acogidos a la tarifa de último recurso (TUR), con una potencia contratada inferior a 10 kilovatios. La otra mitad de la tarifa la fija el Gobierno. La subasta del martes cerró con incrementos de precio de entre el 9% y el 13%, lo que, al afectar a una mitad del recibo, apuntaba a un incremento de la factura global del 5,9% para el último trimestre del año.

Los precios de las últimas subastas quedan "por encima de lo razonable"

Es lo que al Gobierno le ha parecido "muy por encima de lo razonable". Algunos expertos también han cuestionado anteriormente los resultados de esas subastas, alegando que desde 2009, cuando comenzó el sistema de TUR, los precios de cierre acaban superando a los del mercado mayorista de la electricidad (el pool).

"El Gobierno ha tomado la decisión de solicitar a la CNE que investigue las subastas. Es algo que ya venía siendo demandado por las organizaciones de consumidores", afirmó Blanco tras el Consejo de Ministros. El propio regulador ya abrió otra investigación hace unas semanas, según informó ayer Efe.

Pese a la subida de la subasta del martes, el Gobierno no subirá el recibo de la luz -en plena crisis y, dicho sea de paso, a dos meses de las elecciones-. El Ejecutivo reducirá sobre la parte regulada de la tarifa (los peajes de acceso, en los que figuran las primas a las renovables o los costes de distribución) de forma que el incremento de la parte libre tenga un efecto neutro en la factura final.

El problema es que, si la tarifa no sube, crece la deuda con las eléctricas, de casi 20.000 millones de euros. Pero el Gobierno dijo esta semana, sin especificar cómo, que congelará la factura sin engrosar este déficit.

Unesa, la patronal del sector, ha denunciado el "grave perjuicio" que, asegura, causa la decisión de rebajar los peajes en el último trimestre y la llevarán al Supremo. La orden ministerial, asegura Unesa, supondrá una reducción de los peajes del 12% y engrosará en 900 millones el déficit eléctrico. Según los cálculos de Unesa, en enero habrá que subir la tarifa un 20%, ya que tendrán que compensarse la bajada actual, el coste de la amortización del déficit colocado este año y 200 millones que se ha trasladado de 2011 a 2012. No es la primera vez que una rebaja de peajes acaba en los tribunales. La asociación recurrió otra en 2010, cuando el Gobierno tampoco subió la tarifa ante la posibilidad de llegar a un pacto energético con el PP.

Unesa lamentó también que el Gobierno cuestione la subasta y "exprese dudas sobre mecanismos que él mismo ha establecido" y que "prácticamente" son impuestos por la Unión Europea.