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La reestructuración del sector financiero

Fernández Ordóñez: "La CAM es lo peor de lo peor"

El gobernador ataca a la caja que naufragó bajo su supervisión y que ahora intenta colocar en una subasta

Miguel Fernández Ordóñez fue ayer más allá de lo que se espera de un gobernador del Banco de España cuando definió a la Caja Mediterráneo (CAM) como "lo peor de lo peor". "Cuanto peor es una caja, vale menos, y la CAM es lo peor de lo peor", espetó para explicar que era posible que se perdiera la inyección pública de 2.800 millones.

La dureza de estas palabras preocuparon en el mercado y en las oficinas de la propia entidad. Ordóñez dijo que en estos casos no había que dejarse llevar "por las tripas", pero fue muy tajante, sobre todo teniendo en cuenta que la CAM está en proceso de subasta y estas declaraciones no animan a posibles compradores. Quizá por eso, a renglón seguido añadió que el Banco de España "está administrando la entidad, por lo que los depositantes pueden estar tranquilos".

El PP pide que el gobernador asuma responsabilidades por la CAM

Se demuestra el fiasco de las fusiones regionales de origen político

"Si me pregunta como persona, me parece escandaloso, pero el Banco de España lo que tiene que hacer es ajustarse a derecho en el tratamiento de todos estos temas", dijo. Es fundamental estabilizar la caja, echar a los administradores y estudiar si procede abrir expediente, con un "cuidado exquisito", incidió. Dijo comprender que la gente se escandaliza con la gestión de la caja intervenida. Los administradores del Banco de España despidieron esta semana a la directora general, María Dolores Amorós, tras conocer que cobraba una retribución anual de 593.040 euros, además de una renta anual vitalicia de 369.497 euros por ejercicio. El FROB también ha desvelado que toda la cúpula directiva cobró 15,5 millones de indemnización tras abandonar sus puestos.

La que fuera la cuarta mayor caja de España, con 74.000 millones en activos, ha sido un quebradero de cabeza para el supervisor. Le advirtió en innumerables ocasiones de los problemas que afrontaban si no mejoraba su gestión, pero no lo hizo y el supervisor esperó una fusión que nunca llegó. Estuvo a punto de ser absorbida por Cajastur, pero la entidad asturiana se echó atrás y la CAM se convirtió en un bumerán que se volvió contra el supervisor.

"El primero que tiene que asumir responsabilidades por la crisis de la CAM es el gobernador del Banco de España. Si ha tardado tanto en enterarse... Debería ser más prudente y dejarse de politizaciones", afirmó ayer Cristóbal Montoro, coordinador de Política Económica del PP, informa Carlos E. Cué.

Fuentes del sector financiero coinciden en que el supervisor debía haber actuado -no solo advertido- con antelación para evitar que la gangrena inmobiliaria de la caja se convirtiera en un problema de una dimensión tan grande. Algunos apuntan que la tutela y protección que ejercía la Generalitat valenciana sobre la CAM retrajo al supervisor, que evitó así un enfrentamiento abierto con el PP.

Desde el Banco de España se aclara que su misión no es gestionar entidades y no se pueden meter en la administración diaria de una caja de ahorros porque la ley no se lo permite. También comentan que anticiparse y echar a los gestores puede resultar muy caro para el erario público por la fuga de depósitos y el pánico que produce la intervención.

Tras la nacionalización de CatalunyaCaixa, Novacaixagalicia y Unnim, volvió la polémica sobre por qué el Banco de España autorizó estas fusiones regionales, guiadas por más por la política que por el sentido financiero, como ahora se ha demostrado. El resultado de esta torpeza ha sido que esas cajas han perdido prácticamente todo su patrimonio. Incluso Valencia ha perdido la sede de las dos grandes cajas.

El secretario de Comfia CC OO, José María Martínez, dijo ayer: "Este es un proceso fallido porque está guiado por la política. Estas tres fusiones no se deberían haber producido nunca. Han dado lugar a grupos que no son viables por sí mismos". La acusación de algunos ejecutivos es que el supervisor no quiso interferir contra la Generalitat de Catalunya, gobernada entonces por el PSC, ni contra la valenciana, del PP. "Ordóñez y su equipo sabían que esas tres cajas suponen una concentración de problemas; la suma de cajas malas, que nunca dan una buena", afirma un ejecutivo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 1 de octubre de 2011