Los comuneros exigen que la Brilat desmantele el 'campamento afgano'

Reforzada por la sentencia de un juzgado pontevedrés, que declara comunal el monte de San Martín en Salcedo (Pontevedra) y los terrenos que en él ocupa la base militar de la Brigada de Infantería Ligera Aerotransportable (Brilat), la comunidad de montes exigió ayer que Defensa desmantele el polémico campo de entrenamiento. El ministerio lo empezó a construir en 2008 y recrea una aldea afgana y un poblado urbano. Los comuneros señalan la expropiación como única vía factible para que la base permanezca en su actual emplazamiento, en caso de que la sentencia adquiera firmeza.

La comparecencia de los representantes de los comuneros se retrasó un par de días desde que trascendió el fallo del Juzgado de Instrucción número 4. El presidente del colectivo, Fernando Pintos, explicó ayer el retraso acompañado por el vicepresidente, tres vocales y la abogada que llevó el pleito, Carmen Bugarín. "Requería un análisis serio, toda vez que estamos ante una sentencia que dice que una de las bases militares más importantes de España y de Europa está en un terreno de otro dueño", justificó de entrada Pintos, que leyó una amplia declaración con la que repasó los agravios infligidos a los comuneros. "La reclamación de los terrenos comunales nace de la rabia de todo un pueblo tras un proceso de humillación", cargó, en un discurso en el que responsabilizó principalmente de la tensión y los encontronazos entre militares y vecinos a "los anteriores responsables de la base". Se refería, sin mencionarlo, al general José María Prieto, sustituido en noviembre de 2009 por José Antonio Alonso Miranda.

"Los políticos nos llamaron locos por pleitear", dicen los vecinos

La ampliación de la franja de seguridad fue el detonante de las movilizaciones, y la construcción de la aldea acabó enardeció aún más los ánimos, según recordó Pintos al aludir a "esos monstruos construidos en el monte contra los que lucharon los comuneros entre actos de amedrentamiento, atropellos, sanciones gubernativas e insultos". El ajuste de cuentas siguió contra los políticos: "Se mofaron de nuestra decisión y nos llamaron locos, nos dijeron que no sabíamos dónde nos metíamos, nos acusaron de ser radicales de Bloque y de toda una serie de calumnias para desprestigiarnos ante la opinión pública".

Sobre los pasos que dará ahora la comunidad, Pintos fue prudente. Insistió en que las relaciones con los militares están normalizadas y en que como comunidad no están ni a favor ni en contra de que la base siga donde está, pero recordó que la Brilat nunca ha utilizado "más de un tercio de la superficie del monte". Sí reclamó el desmantelamiento del poblado afgano "del que la máxima autoridad de la base reconoce que fue un despropósito, y que además no se usa". El Ministerio de Defensa no aclaró ayer si está dispuesto a atender a esta exigencia de los vecinos.

La abogada Cristina Bugarín señaló por su parte que esperaban que Defensa recurriese ante la Audiencia Provincial (y no ante el Tribunal Supremo, en contra de lo que publicó el jueves este periódico), y que en caso de que la segunda sentencia le sea adversa a los vecinos, llevarán el litigio ante el Tribunal Superior de Xustiza, competente en cuestiones de derecho civil gallego. La letrada aprovechó para negar validez a uno de los argumentos con que la Abogacía del Estado justificó el anuncio del recurso. "Los jurados provinciales de montes no califican los suelos en que hay terrenos ocupados por administraciones públicas", apuntó, en contra del criterio estatal. También señaló que si los tribunales dan definitivamente la razón a los comuneros, la única vía para que Defensa conserve los terrenos será la expropiación.

"Las administraciones no pueden prestar servicios públicos en terrenos que le son ajenos", adujo. También restó importancia a las repercusiones que la nueva ley de montes que prepara la Xunta pueda tener sobre el caso específico. "Las notas básicas que dicen que es imprescritible e inalienable y en las que se basa la sentencia se mantienen", opuso.