Castedo rechaza crear una comisión municipal sobre el Plan General
La alcaldesa anuncia que en breve refutará con pruebas su acusación en Brugal
La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, se mostró ayer firme en su defensa de la legalidad del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad y, por segunda vez, rechazó en el pleno una moción de Esquerra Unida (EU) para crear una comisión municipal sobre el documento. Los grupos de la oposición justificaron su demanda en las sospechas sobre la legalidad del planeamiento a raíz de la investigación judicial que indaga un supuesto trato de favor en su trámite que benefició al promotor Enrique Ortiz.
Tras aplicar el rodillo de la holgada mayoría absoluta de la que goza este mandato para frustrar las expectativas de la oposición, la regidora contraatacó y anunció que en el plazo de una semana refutará con pruebas su acusación en una supuesta trama para amañar el PGOU en favor de Ortiz. Castedo está acusada en esa causa por el fiscal de los supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias. "Las investigaciones que se han hecho tendrán su contestación en menos de una semana, cuando tenga toda la documentación". "Demostraré mi inocencia", añadió.
La alcaldesa acusó a la oposición de no respetar el principio de la presunción de inocencia y apeló al caso Orihuela (16 denuncias por supuesta corrupción contra el entonces alcalde, José Manuel Medina). "¿Recuerdan las causas que ustedes le metieron [la denuncia partió de la Fiscalía Anticorrupción, y no de particulares]? 16. Al final se archivó todo y lo destrozaron a nivel político y personal", espetó a los ediles de la oposición.
Por su parte, el portavoz de EU, Miguel Ángel Pavón, señaló que su grupo planteó la moción por el "sentido de la responsabilidad". "Es muy grave que se hable de un presunto amaño del PGOU", dijo. La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Elena Martín, echó en cara a la alcaldesa "que no dé explicaciones" e insistió en su petición de que dimita: "Es una vergüenza lo que se lee en los informes policiales, incluidas algunas conversaciones de la alcaldesa con Enrique Ortiz, en las que parece que se están repartiendo la ciudad", aseveró Martín.
Mientras, el edil de UPyD, Fernando Llopis, que al igual que los ediles del PSPV votó a favor de la moción de EU, acusó a los concejales del PP "de no haber estado a la altura".
Por otra parte, el pleno de ayer aprobó solicitar a Instituto de Crédito Oficial (ICO) un préstamo de 14 millones de euros para abonar facturas pendientes desde 2008. El grueso del crédito (en concreto 11 millones de euros) irá destinado a pagar servicios prestados por las empresas del promotor Enrique Ortiz.
"Un clan que controla el urbanismo"
La designación de Elisa Díaz, hija del exalcalde de Alicante y diputado autonómico Luis Díaz Alperi, al frente de la dirección territorial de Urbanismo de Alicante sigue generando polémica. La diputada autonómica de EU Esther López volvió ayer a reclamar su destitución y que se revise el proceso de elección para es cargo.
"El puesto de Elisa Díaz debe ser ocupado por un funcionario de carrera", señaló López. "Se están consolidando un clan que controla el urbanismo alicantino", añadió la diputada. López reclamó al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "que tome medidas para alejar al clan de Díaz Alperi de la gestión del urbanismo de Alicante". Alperi es, según la policía, el eje de la supuesta trama corrupta del PGOU.
Por su parte, el PSPV presentó ayer en el registro de las Cortes Valencianas una proposición no de ley urgente en la que pide la "paralización urgente del PGOU" de Alicante. La iniciativa fue anunciada el martes por el líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte. Tras registrar la iniciativa, el portavoz socialista de Infraestructuras y Territorio, Francesc Signes, denunció que el presidente de la Generalitat, "sigue dando cobijo a los presuntos corruptos".
El PGOU de Alicante fue aprobado en mayo de 2010 por el Ayuntamiento y está pendiente de su sanción por el Consell.
