Sonia Castedo elude comentar la imputación de su hermano

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, evitó ayer realizar ningún comentario directo en torno a la imputación de su hermano, el abogado urbanista José Luis Castedo, en la rama del caso Brugal que indaga un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad en favor del promotor Enrique Ortiz.

La regidora, al igual que cuando se conoció su implicación en el sumario (está acusada por el fiscal, aunque no imputada por el juez) volvió a denunciar que los informes policiales que han desembocado en la imputación de su hermano solo contienen "insinuaciones e interpretaciones". "No voy a entrar en el juego de interpretar, insinuar o creer", manifestó en la tarde de ayer, tras la inauguración de una exposición de la CAM en la Lonja de Alicante. "Lo vuelvo a repetir, no tengo nada que comentar sobre este asunto", añadió la alcaldesa.

En cambio, la regidora afirmó que cuando le corresponda defenderse lo hará con pruebas. "Quien tenga que hablar lo hará con toda la documentación sobre la mesa", dijo. "Nosotros ni insinuamos, ni interpretamos ni creemos", reiteró. La regidora también eludió pronunciarse sobre la petición del PSPV de que se retire el PGOU.

El magistrado Manrique Tejada, titular del Juzgado número 5 de Alicante, también ha imputado al exedil socialista Javier Gutiérrez, socio de José Luis Castedo. Ambos serán interrogados por el juez el 26 de octubre. La imputación de Castedo y Gutiérrez se produce una semana después de que los agentes de la Brigada de Delitos Económicos remitieran al instructor el informe del registro realizado en el despacho Salvetti Abogados en abril.El juez no ha concretado los delitos que imputa a José Luis Castedo y a Javier Gutiérrez. No obstante, en su escrito inicial, el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, acusa a ambos de los supuestos delitos de tráfico de influencias, uso privilegiado de información y asesoramiento ilegal.

El informe de la policía realizado tras el registro del despacho Salvetti Abogados apunta al bufete como una de las claves del supuesto amaño del planeamiento a favor de Ortiz. En el disco duro de los ordenadores intervenidos, los agentes hallaron pruebas de la supuesta información privilegiada de los imputados sobre el desarrollo del PGOU, extremo que les permitió tramitar con éxito numerosas alegaciones, que le generaron una ganancia de un millón de euros.

Los agentes y el fiscal también consideran probado que el despacho Salvetti Abogados, creado en diciembre de 2008 en la recta final del trámite del PGOU, comenzó a operar por orden directa de Luis Díaz Alperi, exalcalde de Alicante y actual diputado autonómico del PP. La policía califica el bufete como "la oficina paralela de Alperi".

Casa del fiscal

Los agentes también encontraron en los ordenadores otros archivos que apuntan a un supuesto espionaje de la trama corrupta a los investigadores, entre ellos el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones. Uno de esos documentos contenía datos sobre la vivienda particular del fiscal. Igualmente, había otro documento sobre las actividades privadas del exalcalde socialista de Alicante Ángel Luna.

En esta pieza separada del caso Brugal sobre el PGOU de Alicante, el juez ha imputado ya a nueve personas. Junto a José Luis Castedo y Javier Gutiérrez, están imputados el promotor Ortiz, su mujer, el redactor del PGOU, Jesús Quesada, un empresario, un abogado y dos altos cargos de Bancaja y la CAM. El fiscal, no obstante, acusa a un total de 21 personas, entre ellas, los dos alcaldes del PP, Sonia Castedo y su antecesor y actual diputado autonómico del PP, Luis Díaz Alperi.

La imputación de Castedo y Alperi en la causa tendrá que acordarla el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, dada su condición de aforados. Fuentes del caso aseguran que el magistrado no dará traslado del sumario al TSJ, en el caso de hallar indicios delictivos contra Castedo y Alperi, hasta completar la instrucción.