La crisis como excusa

Cuando se ha producido un cambio de Gobierno en cualquier Administración, es un recurso habitual esgrimir como herramienta política contra el adversario las cuentas heredadas de su gestión. Pero... ¿qué sucede cuando, como es el caso de la Comunidad Valenciana, la situación hace aguas por todos los lados y nos gobiernan los mismos desde hace más de 15 años?

Creo que la mayoría estaríamos de acuerdo en que, fuera del color que fuera el Gobierno de turno, estos últimos años de crisis y la drástica reducción de ingresos públicos que ha conllevado, han afectado al estado de las cuentas del conjunto de las Administraciones públicas. Pero, en mi opinión, el asunto no está exclusivamente en el nivel de déficit alcanzado, sino en qué porcentaje del mismo se corresponde con la mala gestión, la imprevisión o el despilfarro de cada Gobierno municipal, autonómico o estatal.

Resultaba fácil poner la alfombra y rendirse a la especulación inmobiliaria

No hay que olvidar que algunas Administraciones, entre ellas destacadamente la valenciana, habían fiado al sector inmobiliario y los pingües ingresos para las arcas públicas que se derivaban del mismo, el mantenimiento futuro de los servicios y la propia estructura de la Administración. Para muchos responsables políticos valencianos, desde hace mucho tiempo, invertir en el tejido productivo tradicional o en el desarrollo y modernización de infraestructuras necesarias para atraer la implantación de nuevas industrias era ir contracorriente.

Como si el negocio inmobiliario fuera a durar para siempre y a dar trabajo de por vida a esa legión de trabajadores con escasa cualificación, consecuencia del preocupante índice de abandono escolar, algunas Administraciones no han tenido reparos en racanear con el gasto en la enseñanza pública permitiendo su deterioro, al mismo tiempo que se embarcaban en ingentes gastos en fastos y propaganda. Resultaba más fácil poner la alfombra y rendirse a la especulación inmobiliaria, generadora de ingresos públicos, empleo y, por lo general, de inmensas cantidades de dinero negro en circulación como lubricante de la maquinaria y, ahora sabemos, causa fundamental del altísimo riesgo asumido, entre otros, por la CAM, y que explica en gran medida el agujero que ha conducido a su intervención.

Ahora se ha abierto un agrio debate en torno a la reforma constitucional que fija un tope al déficit en las Administraciones públicas. Es comprensible el escepticismo de unos y la discrepancia frontal de otros que, desde posiciones de izquierda, ven en esta reforma un peligro cierto para el mantenimiento del Estado del bienestar, un lastre futuro para el crecimiento y la equidad territorial.

Sin embargo, son los elevados déficits y niveles de deuda alcanzados por distintas Administraciones los que, además de minar la credibilidad de nuestra economía y complicarnos la salida de la crisis, están sirviendo a algunos responsables políticos para justificar recortes sociales, privatizaciones y desmantelamiento de servicios públicos.

Resulta especialmente sangrante que en nuestra Comunidad, campeona en barracones y fracaso escolar, en interminables listas de espera y hospitales de gestión privada, paradigma de los "eventos mundiales" económicamente desastrosos y aeropuertos sin aviones, número uno en políticos relacionados con casos de presunta corrupción, nos desayunemos cada día con nuevos datos sobre un alarmante estado de cuentas que nos mantendrá hipotecados como comunidad los próximos 20 años. ¿Es todo esto consecuencia de la crisis? Yo creo que no. Que la crisis, la caída en la recaudación y el bloqueo del crédito están sirviendo de excusa para tapar años de gestión irresponsable y despilfarro, sustentados en mayorías absolutas, propaganda y oscurantismo en las cuentas y en la gestión, que hasta han merecido condena judicial.

No ha hecho falta ningún límite constitucional al déficit para que buena parte de los servicios básicos del Estado del bienestar en nuestra Comunidad se encuentren en la diana de los recortes. Al contrario, la liberalidad con la que se han despachado los últimos 15 años los responsables de la cosa pública valenciana puede haberlos puesto en entredicho ¡ya!, conforme a ese principio tan castizo de que "de donde no hay, no se puede sacar". No es baladí, con las elecciones tan cerca, ese juego de declaraciones y desmentidos sobre copagos, tasas, privatizaciones, etc. a que nos tienen acostumbrados los dirigentes políticos del PP.

Hay quienes plantean que habría sido suficiente que nos mantuviéramos en el respeto al Pacto de Estabilidad Europeo y en la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2006. Sin embargo, con estas medidas en vigor, la coyuntura europea en materia de déficit es la que es, como también el creciente temor a una intervención de la economía española, que puede estar detrás de esta reforma no deseada, pero considerada necesaria por el Gobierno de España.

Difícil papeleta la de aquellos que tienen la responsabilidad de actuar para evitar el peor de los escenarios posibles y la obligación moral de no considerar los efectos en términos electorales. No cabe duda que la decisión de limitar el déficit en la Constitución y la urgencia con que se ha tenido que adoptar no convienen electoralmente al PSOE ni a su candidato. Pero, en mi opinión, que Rubalcaba haya intervenido sin desmarcarse para matizar la propuesta inicial, rechazando incluir cifras concretas y exigiendo márgenes de flexibilidad en el déficit en situaciones de crisis, es una demostración de responsabilidad y de sentido común que la ciudadanía debería valorar.

Elena Martín Crevillén es portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Alicante