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OPINIÓN | PUNTO DE OBSERVACIÓN
Columna
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Días muy peligrosos

Soledad Gallego-Díaz

Los últimos meses de esta legislatura están alcanzando en los diferentes grupos políticos cotas de confusión y desbarajuste lamentables. Son los ciudadanos quienes mejor mantienen la calma dentro del caos que representa este largo y absurdo periodo en el que nadie parece estar realmente a cargo de la situación y quienes menos decisiones peligrosas están tomando. Muchos de sus representantes en las diferentes instituciones parecen decididos, por el contrario, a aprovechar este vacío para llevarse por delante mecanismos democráticos y equilibrios que costó mucho tiempo conseguir y que ahora se desmontan en un pispás, sin encomendarse ni a dios ni al diablo.

La decisión del Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE) de arrogarse, es decir, atribuirse indebidamente, el derecho a entrar en el sistema informático de sus servicios informativos y acceder así, en tiempo real, al trabajo profesional de periodistas y montadores, es un gran ejemplo de ese caos.

Arrogarse el derecho de acceder al trabajo de periodistas y montadores de RTVE da idea del caos político que vivimos

El pasmo y el rechazo que provocó la medida obligaron a los dirigentes del Partido Popular (PP) y del Partido Socialista (PSOE) a dar marcha atrás, pero el hecho, que debe quedar registrado, es que los consejeros del PP y de Convergencia i Unió votaron a favor y que los del PSOE, Esquerra Republicana de Catalunya y Comisiones Obreras se abstuvieron. Solo la periodista Teresa Aranguren, propuesta por Izquierda Unida, y el catedrático Santos Ruesga, de UGT, conservaron la calma y el sentido común de oponerse desde el primer momento a una decisión que permite, sin el menor género de duda, un mayor control político de la información en un medio de propiedad pública al que se le supone un funcionamiento independiente.

Permitir que los miembros del Consejo de Administración de cualquier empresa informativa, sea pública o privada, accedan al trabajo de los empleados de ese medio es una de las peores pesadillas de un periodista que respete su trabajo y que desee desarrollarlo bajo reglas profesionales. Una decisión semejante no puede ser producto de la ignorancia ni de un error. Evidentemente, quienes votaron a favor o se abstuvieron creen que ellos, como representantes de distintos grupos parlamentarios, tienen ese derecho. Lo único que ha pasado es que antes no pudieron imponerlo y que ahora, en medio de la confusión, y aprovechando sus nuevas funciones tras la dimisión de su último presidente, Alberto Oliart, han intentado dar gusto a unos dirigentes políticos que están muy deseosos de recuperar ese control. El aparato del PSOE, posiblemente, porque teme la llegada del PP a RTVE y quiere ese nuevo mecanismo de control; y el aparato del PP, porque nunca ha creído en esa independencia.

Los actuales informativos de RTVE son ampliamente reconocidos como los más imparciales y profesionales de la historia de la radiotelevisión pública, algo que habría que agradecer, en estas horas tan amargas para él, a José Luis Rodríguez Zapatero, que renunció a designar al presidente del grupo público y remitió el nombramiento a una mayoría reforzada del Congreso. Cierto que las espantosas relaciones PP-PSOE han dificultado el funcionamiento de RTVE, pero aun así el nivel de independencia de los profesionales de sus servicios informativos es, y ha sido, muy elevado.

Lo más inquietante de esta fallida operación es sospechar que solo la proximidad de las elecciones y la inmediata y vigorosa reacción de los profesionales del propio medio han impedido que se lleve a cabo. RTVE, que se encuentra en una situación de fragilidad empresarial como consecuencia de su nuevo y discutible método de financiación, será uno de los primeros escenarios donde los ciudadanos podremos calibrar el carácter que va a tener esta nueva etapa. Ojalá quienes estén en la oposición no se vuelvan locos ni vendan libertades y equilibrios tan difícilmente logrados a cambio de conservar sus aparatchiks en el sistema. - solg@elpais.es

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