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Gipuzkoa reclama a su portavoz foral por el cobro indebido de la renta básica

La Diputación le notifica el requerimiento a través del Boletín Oficial

La Diputación de Gipuzkoa notificó ayer a través del Boletín Oficial de Gipuzkoa a su portavoz foral, la diputada de Infraestructuras Viarias, Larraitz Ugarte, de Bildu, que debe reintegrar "prestaciones [sociales] indebidamente percibidas". El requerimiento oficial se produce ante la imposibilidad de comunicar directamente el aviso a la mencionada diputada, en el cargo desde el pasado 30 de junio. El departamento de Política Social le reclama la devolución de cantidades correspondientes a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la antigua renta básica, que Ugarte percibió en cantidades por encima de lo que realmente le correspondían.

La diputada admitió ayer a este diario la existencia de esa deuda, pero aclaró que "no ha habido ánimo de eludir" el pago de las cantidades que le solicita la administración foral. Ugarte se mostró "muy sorprendida" de que la resolución haya salido publicada en el Boletín Oficial sin haber recibido antes la notificación en su domicilio.

La Diputación guipuzcoana reclama a su portavoz el reingreso de algo menos de 5.000 euros, aseguró Ugarte. Según la versión de ésta, solicitó la Renta de Garantía de Ingresos entre 2006 y 2008 mientras puso en marcha un despacho de abogados. Sostiene se le asignaba una cantidad anual que se iba actualizando posteriormente en función de los ingresos que declaraba trimestralmente a través del IVA. "Como el negocio fue mejorando, se me pidió que fuese devolviendo parte de las ayudas percibidas", aseguró la portavoz foral. Inicialmente, la Diputación le reclamó algo más de 10.000 euros, que se redujeron a más de la mitad tras admitirse en parte el recurso presentado por Ugarte. "No hay ningún misterio", afirma la diputada. La RGI es una ayuda que está reservada para personas con recursos muy reducidos o en riesgo de exclusión social.

Un experto en la tramitación de la Renta de Garantía de Ingresos indicó que el procedimiento de "cobro indebido" suele darse en algunos casos, sin que necesariamente haya existido mala fe por parte de los beneficiarios. Los requerimientos para reintegrar las ayudas no siempre tienen que ver con la intención de defraudar a la administración, añade esta misma fuente. Sin embargo, lo "curioso" de este caso, apunta, es que la Diputación de Gipuzkoa haya tenido que recurrir al Boletín Oficial para comunicarle que debe devolver dinero a las arcas públicas porque no le puede localizar, cuando esta persona ha presentado un recurso de alzada por este mismo asunto y, además, es la actual portavoz foral y letrada de profesión. "Es raro", concluye este experto.

La realidad es que la Diputación ha notificado por Boletín a una de sus diputadas un procedimiento de cobro indebido porque le ha resultado imposible localizarle. No es la primera vez que la institución foral guipuzcoana le coloca en el boletín a Ugarte para el reintegro de las prestaciones sociales que percibió por encima de lo que realmente le correspondían. En octubre de 2009, el Departamento de Política Social, cuya titular era entonces Maite Etxaniz (Hamaikabat), le pidió la "devolución fraccionada" de 5.664,43 euros de la renta básica. La identidad de la diputada figuró en otra ocasión en la misma publicación oficial para que pagara una multa de tráfico impuesta por el Ayuntamiento de Oñati, su localidad natal y donde reside.

El debate del fraude social

La diputada de Infraestructuras Viarias y portavoz de la Diputación guipuzcoana, Larraitz Ugarte (Oñati, 1976), es abogada de profesión y está diplomada en Criminología, entre otros títulos. En su currículum figura que desde 2009 trabajaba como profesora en la Facultad de Derecho y en la Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales de la UPV. Está casada con Aritz Arnaiz, un expreso de ETA que quedó en libertad en abril de 2009 tras cumplir 14 años de cárcel. Ugarte recibió en 2006 ayudas del Gobierno vasco para visitar a su pareja a la prisión.

La notificación de la Diputación a su portavoz reclamándole el reintegro de más de 4.000 euros que cobró "indebidamente" de la Renta de Garantía de Ingresos se produce precisamente cuando está abierto el debate sobre la existencia del denominado fraude social. El 82,4% de los vascos considera que existe este fenómeno, según una encuesta reciente del Gobierno. El Ejecutivo confía en que estos casos disminuirán cuando la gestión de las ayudas pasa a manos de Lanbide tras aprobarse la nueva Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social.

La renta básica

- La Renta de Garantía de Ingresos, antes llamada Renta Básica, está fijada en 658 euros mensuales cuando el beneficiario es una sola persona. Está reservada para personas con ingresos muy reducidos o que están en riesgo de exclusión social. La ayuda se solicita ante el Ayuntamiento, el expediente es aprobado por la Diputación foral y le corresponde al Gobierno vasco librar la cuantía económica.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 24 de septiembre de 2011

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