Argumentos contra la implicación

Las defensas de los tres imputados no solo rechazan que el chivatazo sea considerado colaboración con ETA. Tratan, además, de demostrar que sus clientes no participaron en la delación. José María Fuster Fabra y María Ponte, los abogados de Enrique Pamies, jefe superior de Policía del País Vasco, trataron de desmontar uno de los principales indicios utilizados por el juez Pablo Ruz: las numerosas llamadas -de las que se desconoce el contenido- entre su cliente, Ballesteros y García Hidalgo el día del soplo.

Para ello, presentaron un informe con estadísticas de llamadas. En él se recogen las comunicaciones establecidas entre los tres cargos policiales un mes antes del chivatazo -el 2 y 3 de abril de 2006-, días en los que, según los letrados, los tres cargos policiales mantuvieron más contactos telefónicos que el día del chivatazo.

Los abogados presentaron un plan del recorrido de Ballesteros desde Vitoria hasta Irún. Con él intentaban demostrar que el inspector no solo fue al bar Faisán, situado en uno de los pasos fronterizos del municipio, sino que acudió también a los otros dos. Trataban así de acreditar que no fue a Irún para dar el soplo, sino para entrevistarse con un confidente.