Un responsable de Ipar Kutxa niega su implicación en un intento de extorsión

El responsable de Ipar Kutxa en Álava, Pablo Larrabide, negó ayer en su declaración en sede judicial como imputado por la supuesta trama corrupta del caso De Miguel cualquier implicación en el presunto intento de extorsión denunciado por la abogada Ainhoa Alberdi. Durante casi dos horas, Larrabide respondió a todas las preguntas planteadas y desmintió con su versión una de las explicaciones con las que la trama justificó al juez pagos de 180.000 euros, en el marco de la fallida recalificación de suelo en Zambrana, a Kataia Consulting, principal "empresa pantalla", según la instrucción, de una red controlada por el exdirigente del PNV alavés y exdiputado foral Alfredo de Miguel.

Según fuentes conocedoras del contenido de su declaración, Larrabide negó que fuera a percibir parte de una comisión solicitada a Alberdi tras obtener su empresa, Urbanorma Consulting, un contrato para asesorar en el proceso de ampliación del parque tecnológico de Miñano. La letrada, que cobró 441.000 por la operación, afirmó que uno de los destinatarios de la comisión era el responsable de Ipar Kutxa, sustentando su versión en grabaciones de sus conversaciones con varios imputados. "Si alguien dice eso, miente", sostuvo, negando que estuviera acordado con el exdirector del parque tecnológico de Álava, Alfonso Arriola, el entonces director financiero del parque, Koldo Ochandiano, el responsable del semillero de empresas, Aitor Tellería y el propio De Miguel, todos destacados miembros del PNV alavés.

En la otra rama de la investigación, la operación Zambrana, el responsable de Ipar Kutxa confirmó la versión relatada por un empleado de la entidad la pasada semana en sede judicial, contradiciendo lo afirmado por la empresa que intermedió en la operación, Sidepur, en su respuesta por escrito ante el juez -su administrador Josu Arruti está imputado-. Larrabide explicó que uno de los trabajos supuestamente encargados a Kataia por Sidepur, introducida por De Miguel en una operación en la que él impulsaría los cambios normativos necesarios, le fue entregado varios meses antes de que Kataia fuese constituida como empresa.

En su respuesta al juez, Sidepur justificó parte de un pago de 150.000 euros alegando que el listado de propietarios afectados por la construcción de un polígono industrial en Zambrana fue realizado por Kataia, aportando la citada lista acompañada de una carátula con el nombre de la compañía. Larrabide confirmó que Ipar Kutxa, encargada de recabar información sobre los propietarios, recibió el listado de afectados en el primer trimestre de 2005 y que nunca escuchó hablar de la existencia de Kataia hasta que el caso fue dado a conocer por los medios de comunicación en marzo de 2010. Kataia fue constituida en junio de 2005, y no tuvo trabajadores dados de alta en la seguridad social hasta octubre.

Larrabide recalcó que la labor de asesoramiento a propietarios de fincas rústicas es parte de la política de la compañía desde 1991, y que el único objetivo es establecer una relación para que terminen siendo clientes.

Los responsables de las pesquisas, dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, buscan acreditar que los pagos vinculados a esta operación urbanística, en la que se movieron varios millones de euros, no se corresponden con trabajos efectuados, sino que encubren comisiones ilegales.

Por su parte, Aintzane de Miguel, hermana del principal implicado en la trama y contable de varias empresas de su núcleo duro, compareció también ayer ante el juez para pedir que su declaración como imputada se postergase. Su letrado, Ibon Gainza, dijo que se celebrará el próximo 30 de septiembre. De Miguel intentó, sin éxito, ocultar su rostro ante los cámaras que buscaban captar su imagen al salir del juzgado.