La apagafuegos de Enrique Ortiz

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, lleva una temporada prácticamente desaparecida de la escena pública. Hace ya casi dos meses que no tiene agenda. Más allá de su asistencia a los plenos municipales y a los de las Cortes Valencianas en su condición de diputada, poco se sabe de ella. Pretendió, incluso, que su reciente reunión con el nuevo presidente del puerto, José Joaquín Ripoll, se tratara como una visita privada sin referencia en la agenda oficial. Desde julio, su gabinete apenas ha convocado a los medios de comunicación.

Sin embargo, en ese periodo de tiempo, ha llegado a interrumpir sus vacaciones para resolver dos grandes problemas: la huelga de Inusa, la empresa encargada de la recogida de la basura en la ciudad y los problemas del Hércules. Ambas empresas son de Enrique Ortiz, con el que se ha visto involucrada en el llamado caso Brugal a cuenta de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante (PGOU). La intención ha sido muy evidente: aparecer como mediadora y emerger como salvadora en ambos conflictos, que afectan a la esfera privada del empresario.

El juez del 'caso Brugal' decidirá en unas semanas si imputa a la edil

La regidora rebaja su agenda de actos públicos y apenas convoca a la prensa

Parece lógico que una alcaldesa se preocupe por que no haya una huelga de basura en su ciudad. Pero las formas que eligió estuvieron a punto de dar al traste con la operación. Citó en su despacho al presidente del comité de empresa de Inusa, Pedro García, en solitario. Una conveniente filtración de la reunión el pasado 26 de agosto soliviantó al resto del comité, que exigió al presidente que todos sus miembros estuvieran presentes en las conversaciones.

Castedo tuvo que ceder, aplazar la reunión dos horas y recibir al comité de empresa en pleno. Fue ella quien prometió a los trabajadores en nombre de Inusa que no habría despidos y que los trabajadores cobrarían en dos plazos pactados los atrasos que les debía la empresa.

La mercantil está presidida por Ortiz, aunque participada en un 35% cada una por FCC y Cespa. Si extraña fue la mediación de la alcaldesa en la huelga de las basuras, más aún lo fue su intervención la semana pasada en uno más de los problemas internos del Hércules.

El empresario Enrique Ortiz, máximo accionista del equipo, impuso sin avisar a nadie a Carlos Parodi como consejero delegado del club y a su cuñado, Enrique Carratalá, secretario del consejo. Esta decisión provocó la dimisión de tres miembros del comité ejecutivo: Perfecto Palacio, Juan José Huerga y Miguel Quintanilla y la del presidente de la Fundación, Miguel Campoy.

Además, estuvo a punto de costar la salida del entrenador, Juan Carlos Mandiá, y del director deportivo, Sergio Fernández, a los que acompañarían sus ayudantes. En una decisión insólita, Castedo citó a los dos últimos en un hotel del centro de Alicante, una reunión de nuevo convenientemente filtrada, en la que la alcaldesa, "les dio garantías de que no habrá injerencias de Ortiz en la parcela técnica", según publicó un periódico local. Esta actitud mereció una dura crítica de los socialistas. "Nadie se imagina al alcalde de Madrid reuniéndose con Mourinho para asegurarle que le van a fichar un jugador, ni a Zapatero hablando con Vicente del Bosque para asegurarle que no va a haber injerencias en la selección española. ¿Cuál será el siguiente paso? ¿Dar el once inicial de un partido?", declaró el edil del PSPV Alejandro Parodi.

El cambio de actitud de Castedo, que antes del verano desplegaba una intensa agenda diaria y ahora apenas si tiene presencia pública, ha sido relacionado con su implicación en la pieza del PGOU de Alicante del caso Brugal.

En las próximas semanas el juez Manrique Tejada deberá decidir si la imputa junto con su predecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, en un caso en el que también está incurso Enrique Ortiz. Por eso, según algunos observadores, es menos comprensible que en dos conflictos que afectan al promotor, Castedo haya intervenido prácticamente como la portavoz del empresario.

Tras las elecciones, el levantamiento del secreto del sumario del caso Brugal reveló que Castedo y su familia había pasado algunos días de vacaciones con Ortiz. La policía acusa al empresario de entregar diferentes dádivas a la alcaldesa para obtener beneficios en la redacción del PGOU. Las numerosas conversaciones entre ambos recogidas en el sumario reflejan la fluida relación entre el empresario y la regidora.