La Xunta complica la viabilidad de trabajos de investigación al cambiar el sistema de ayudas
El PSdeG denuncia "nuevos ataques y recortes de la Xunta" a la investigación universitaria. Su portavoz de Universidade en el Parlamento, Xoaquín Fernández Leiceaga, afirma que la modificación de las bases de las subvenciones correspondientes al Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica (Incite), aprobado por el Gobierno bipartito para el periodo 2008-2010, provocará que Educación destine menos fondos al ámbito investigador. "Se trata de una fórmula menos visible de practicar ajustes", asegura el diputado socialista.
El origen de las críticas de Leiceaga se encuentra en la Orden del 17 de agosto por la que Educación adelanta la fecha límite de justificación de los gastos y pagos de investigación correspondientes a 2011 desde el 15 de marzo del ejercicio siguiente al 31 de octubre de este mismo año. La reducción del horizonte de gasto a poco más de dos meses, cuando los investigadores contaban con tener casi siete, provocará, según Leiceaga, que los proyectos plurianuales que concurrieron en el Plan Incite se anulen y tengan que devolver una parte de los fondos. Hasta agosto, el pago de las ayudas se efectuaba aunque los gastos ejecutados en cada anualidad no coincidieran con las previsiones de pago anuales, salvo en la última.
Ahora, este sistema se sustituye por anualidades cerradas, con lo que "lo que no se gaste ahora, no se puede gastar después". Por este motivo, el parlamentario socialista considera que la decisión del departamento que dirige Jesús Vázquez es "especialmente grave" ya que "el tiempo de los proyectos en marcha está parcialmente consumido". Según Leiceaga, esta situación podría causar, además, problemas de "inseguridad jurídica" y un menoscabo de los derechos de las personas contratadas.
En este sentido, Saúl Beceiro, presidente de Precarios-Galicia, asociación que defiende los derechos laborales del personal investigador y técnico no contratado de las universidades gallegas, confirma que muchas de estas partidas llevan implicadas gastos de personal, por lo que podrían rescindirse contratos por falta de fondos. "Es un prejuicio gravísimo, se cortan cinco meses de financiación", sentencia.
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