El juez de Astapa tiene bloqueados 40 millones de los imputados

Los investigadores hacen balance del caso Astapa: 40 millones de euros bloqueados en cuentas de implicados, 1.800 inmuebles que no se pueden vender, 50 vehículos, una yeguada de 38 caballos intervenidos... Los últimos informes incluidos en la macrocausa contra la corrupción en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) intentan aportar una visión panorámica de este inmanejable proceso que acumula 99 imputados en sus cuatro años de instrucción. Un escrito fechado en diciembre de 2010 estima que la policía ha solicitado información sobre esta trama corrupta a más de 100 empresas, la mayoría hoteles, bancos o constructoras. Sus datos les han permitido concluir que el Ayuntamiento y los partidos políticos organizaban eventos y estancias que pagaban terceras empresas o que los principales investigados manejaban grandes cantidades de metálico.

Los agentes inciden en el alto nivel de vida del exconcejal José Ignacio Crespo

Un arquitecto de la Agencia Tributaria, experto en valoraciones inmobiliarias, ha detectado la pérdida de más de 20 millones de euros por valoraciones hechas a la baja en cuatro convenios urbanísticos. Se trata de los convenios de El Ángel, por el que el Consistorio esteponero dejó de ingresar 649.332 euros; otro acuerdo con Valle Romano (7,2 millones), el convenio de Arroyo Enmedio Este (10,4 millones) y el acuerdo de Camino del Cerrillar (3,7).

El 1 de junio, el fiscal Valentín Bueno hablaba en un escrito de una "sistemática infravaloración de los aprovechamientos" urbanísticos, a lo que une "numerosas irregularidades en materia de disciplina urbanística" o "contratos y facturas fraudulentas" en perjuicio de la empresa municipal Empladus. Según el fiscal, la familia del exgerente de urbanismo de Estepona, Pedro López Fernández, todavía no ha podido acreditar el origen legal de los 10 millones de euros que los investigadores han bloqueado en cuentas de Andorra. La madre, el padre y el hermano del cargo de confianza del partido posgilista PES están implicados por blanqueo de capitales.

Según el sumario, sobre el que el juez Jesús Torres ha levantado el secreto total recientemente, el grupo de crimen organizado y blanqueo de capitales de la Policía de Andorra también estaba investigando a la familia del exgerente urbanístico.

Los investigadores ya han entregado informes centrados en los principales implicados del caso, como el exedil José Ignacio Crespo, líder de la formación posgilista Partido de Estepona (PES). En sus conclusiones, aseguran haber encontrado una "prueba indiciaria" de que recibió un pago de 40.000 euros de una empresa con intereses urbanísticos en Estepona con la intermediación de su esposa, Inmaculada Conde. La empresa es Proincosta SL, que firmó en 2005 el convenio Cortijo de Enmedio. Según la policía, ese mismo año pagó una factura de muebles para el domicilio del matrimonio por ese mismo importe.

El escrito incide en el alto nivel de vida de la familia Crespo Conde y en que manejaban una gran cantidad de dinero en metálico. Entre esos gastos en efectivo detallan 100.000 euros en préstamos personales hechos al hermano y la madre de Crespo entre 2004 y 2005, 134.000 euros en compras de muebles entre 2005 y 2008 o 100.000 euros del pago de unas obras entre 2004 y 2005.

La Agencia Tributaria investiga a más de 120 sociedades y personas y la policía continúa analizando 160 cajas de documentación y 100 soportes informáticos.