Una socia de la denunciante confirma el intento de extorsión

B. V., actual socia de Ainhoa Alberdi, la abogada que destapó con su denuncia la presunta trama de corrupción denominada caso De Miguel, confirmó ayer que dos exdirigentes del PNV, Alfredo de Miguel y Aitor Tellería, extorsionaron a su socia para que pagara una comisión de 100.000 euros tras conseguir esta un contrato vinculado al parque tecnológico de Miñano. En su comparecencia ante la comisión del Parlamento vasco que investiga los hechos para depurar responsabilidades políticas, B.V. respaldó lo afirmado por la letrada tanto en su denuncia inicial en diciembre de 2009 como en su comparecencia ante los parlamentarios en marzo.

Los hechos se remontan a 2006, cuando De Miguel propició la elección de Urbanorma Consulting, una empresa constituida poco antes por la denunciante junto a Jon Iñaki Echaburu, también imputado, para asesorar en el proceso de ampliación del parque tecnológico. La firma consiguió, sin pasar por ningún proceso de adjudicación, un contrato por el que cobraría un total de 441.000 euros. Alberdi asegura en su denuncia que fue De Miguel, entonces número dos del PNV alavés, quien negoció los términos del contrato que suscribiría en noviembre de 2006.

La abogada que destapó el caso señaló a dos exdirigentes del PNV

El director financiero de Sprilur da detalles de la 'operación Santurtzi

Echaburu tuvo problemas económicos que le obligaron a dejar Urbanorma, por lo que la denunciante quedó sola al frente de la empresa a principios de 2008. Es entonces cuando, según su testimonio, respaldado por varias grabaciones de sus conversaciones con los implicados, De Miguel, ya nombrado diputado foral y miembro del consejo de administración del parque tecnológico, y Tellería, entonces responsable del semillero de empresas de Miñano y miembro del Araba Buru Batzar, le exigieron "pasar por caja" y que pagase una comisión supuestamente pactada antes con Echaburu.

La letrada se negó, lo que propició que la trama llegara incluso a presionar a través de su padre. También afirma haber sido marginada por ello de un contrato para asesorar la segunda fase de la ampliación del parque. En su comparecencia ante los parlamentarios en marzo, Alberdi, que había trabajado en el pasado para De Miguel, reconoció que, de no haber denunciado los hechos, ella también podría estar imputada ahora.

En diciembre de 2009, Alberdi acudió al despacho del fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, respaldando su versión con 24 archivos de audio acumulados en los meses previos. A partir de ahí, los responsables de las pesquisas, dirigidos por el juzgado de Instrucción número cuatro de Vitoria, fueron tirando del hilo hasta encontrar una nutrida red empresarial que participó en operaciones sospechosas que superan un volumen de 13 millones, incluídas las cuantías detectadas en el último informe policial sobre el caso. También compareció A.P.S., abogado vinculado al parque tecnológico alavés.

Por otro lado, la Cámara abundó en su investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas en la sociedad pública Sprilur en una operación en Santurtzi, que no guarda relación con el caso De Miguel. Los parlamentarios escucharon el testimonio de Patxi Márquez, director financiero de Sprilur. El entonces responsable de la entidad pública, Antton Zubiaurre, está imputado por malversación de caudales públicos.