Sanidad paraliza la incorporación de los abogados a la red de Osakidetza

El Consejo Vasco de la Abogacía está molesto tras seis años de negociaciones

El colectivo de abogados colegiados en Euskadi -alrededor de 6.000- no están precisamente contentos. Después de más de seis años de negociaciones y de dos borradores de convenio cerrados, uno con el anterior consejero de Sanidad, Gabriel Inclán (PNV), y otro en esta legislatura con el viceconsejero de Justicia, el fallecido José María Fínez, su inclusión en Osakidetza para recibir las prestaciones sanitarias públicas, -que ahora pagan de su bolsillo-, va a tener que esperar más. El departamento de Sanidad ha decidido meter en el congelador el convenio de inclusión de ese colectivo en el sistema público de salud hasta que el Congreso de los Diputados dé luz verde a ese proceso a través de un marco general.

Aunque en Euskadi hay unos 6.000 abogados, están afectados 3.500
La oposición prepara iniciativas para empujar al gobierno a incluirles

El "malestar" del colectivo, que confirman fuentes del Consejo Vasco de la Abogacía, es mayor, si cabe, porque la paralización de ese proyecto se produce sin haber recibido ninguna notificación oficial y, como mucho tras escuchar, extraoficialmente, en alguna reunión, que "eso no figura entre las prioridades de Sanidad". La paralización se produce además cuando otras comunidades ya han dado el paso y existen precedentes recientes como el de Cataluña o Galicia, sin necesidad de esperar a una legislación nacional. "Es cuestión de voluntad política", estimaron desde el Colegio de Abogados de Álava.

Fuentes acreditadas del Departamento de Sanidad declararon el viernes que aunque "está a favor de dar ese paso", los responsables de este área han adoptado la decisión de esperar hasta ver qué pasa con la citada propuesta legislativa en el Congreso, que se debatirá, como muy pronto después de las elecciones del 20-N.

En esa proposición se recuerda la obligatoriedad de dar cobertura sanitaria a los colectivos que, pese a que la Ley General de Sanidad, -Ley 14/1986, de 25 de abril- consagra el derecho a la salud y a la atención sanitaria en base el concepto de ciudadano y no de afiliación y alta al sistema de Seguridad Social, todavía se la tienen que pagar de su bolsillo.

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Fuentes de Justicia confirmaron la pasada semana que el trabajo de Fínez, que falleció en octubre del pasado año, fue trasladado directamente a Sanidad a principios de este año, dando por finalizada su participación en esa tarea. El expediente, ya concluido, incorporaba el listado de todos los colegiados que hasta ese momento no disponían de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) para, simplemente, firmarlo y darles de alta.

Los abogados, procuradores, arquitectos y algún otro colectivo, no tienen sanidad pública gratuita como el resto de los ciudadanos, pese a que la sanidad, ya desde 1999, se financia directamente con los impuestos que pagan todos los ciudadanos y no con las cuotas a la Seguridad Social.

La aplicación de la universalización de la sanidad pública dejó exentos a algunos colectivos que en algunas comunidades autónomas ya se han incorporado al sistema público como en Cataluña, desde el pasado mes de junio del pasado año, en Galicia y "también en Extremadura", confirmaron desde el Consejo Vasco de la Abogacía. En Euskadi, aunque el colectivo de abogados colegiados se sitúa en el entorno de los 6.000, los realmente afectados podrían ser en torno a 3.500.

Se trata de aquellos abogados que no trabajan por cuenta ajena, y que tampoco están adscritos al régimen de autónomos de la Seguridad Social. Estos sí disponen de asistencia médica pero siempre que coticen por las contingencias profesionales, que tampoco hacen todos los autónomos.

El resto de los abogados son mutualistas. El problema es que en Euskadi la mutua de la abogacía no ofrece, como en Madrid, al menos, asistencia sanitaria privada a sus miembros. En Euskadi sólo les da derecho a pensión de jubilación e indemnización por fallecimiento. Es decir, la sanidad tienen que pagársela a través de una póliza con una de las numerosas empresas que ofrecen sanidad privada en Euskadi.

Fuentes del Colegio de Abogados de Vizcaya indicaron ayer mismo que "es una pena que Euskadi, pudiendo haber sido la primera comunidad en extender la sanidad a los colectivos que ahora no están cubiertos, como muchos autónomos, también, se va a quedar a la cola".

Sanidad no ha vinculado la paralización de la puesta en marcha del acuerdo a la situación de crisis general y a los recortes que va a tener que afrontar el Ejecutivo debido a que la recaudación de impuestos sigue bajo mínimos. Por tratarse de la extensión de un derecho, Sanidad ha preferido vincular se paralización temporal a la regulación de un marco superior.

El caso es que los grupos parlamentarios vascos ya están preparando iniciativas para forzar al Gobierno vasco a poner la directa e incorporarlos a Osakidetza, cuando podía haberse apuntado el tanto sin necesidad de ir a remolque de la oposición. "No hay diferencias en esto entre los partidos mayoritarios, sólo es una diferencia de ritmos", sostienen los abogados.

El Gobierno de Cataluña aprobó el proyecto de ley de Universalización de la Sanidad en febrero de 2010 y en julio la sacó adelante en el Parlament. Desde entonces, incluyó en su sistema publico a más de 60.000 personas que estaban excluidas. Entre ellos había otros profesionales liberales más allá de los abogados, como arquitectos, periodistas y contables no asalariados, además de los religiosos.

Varios abogados a la espera de que se inicie una vista en la Audiencia de Vizcaya.
Varios abogados a la espera de que se inicie una vista en la Audiencia de Vizcaya.SANTOS CIRILO

Un derecho de todos los residentes

Desde el primero de enero de 1999, según lo dispuesto en el Título I, Capítulo III, de los Presupuestos Generales del Estado para ese año, y tal y como figura en el párrafo 14 de la exposición de motivos, el Estado asumió totalmente la financiación de la asistencia sanitaria, suprimiéndose la aportación de cotizaciones sociales y produciéndose la "desvinculación total de la Sanidad y la Seguridad Social".

Es decir, a partir de ese día la atención sanitaria y la Seguridad Social separaron definitivamente sus caminos, cesando el aporte de cuotas directas desde la SS y pasando a financiarse la sanidad, íntegramente, con impuestos generales. De esa manera se conseguía cumplir, al menos sobre el papel con la sanidad como derecho y prestación universal y gratuita a los ciudadanos. Junto a la sanidad, las pensiones no contributivas y las asistenciales también corren a cargo de los Presupuestos.

Mientras tano las pensiones contributivas -las más cuantiosas- se generan mediante el pago de las cotizaciones sociales a lo largo de la vida laboral. Las cotizaciones de empresarios y trabajadores financian las pensiones mediante el llamado sistema de reparto. Los ingresos de hoy pagan las pensiones actuales, mediante un principio de solidaridad intergeneracional. En la actualidad existe un superávit que en parte va a un fondo de reserva. Las pensiones contributivas, por tanto, no suponen ningún gasto para las arcas públicas. Son pagadas por empresarios y trabajadores.

La conclusión es que "tienen derecho a la atención sanitaria todos los españoles y extranjeros que residan en España", cita la ley. También los abogados, aunque la generalización del derecho abre todavía más, si cabe, el debate sobre su sostenibilidad.

Sobre la firma

Pedro Gorospe

Corresponsal en el País Vasco cubre la actualidad política, social y económica. Licenciado en Ciencias de la Información por la UPV-EHU, perteneció a las redacciones de la nueva Gaceta del Norte, Deia, Gaur Express y como productor la televisión pública vasca EITB antes de llegar a EL PAÍS. Es autor del libro El inconformismo de Koldo Saratxaga.

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