PSE y PP acercan posturas para exigir tres años de empadronamiento en las ayudas sociales

Comienzan a despejarse las dudas: el proceso de cambio de la ley que regula las ayudas sociales avanza hacia un endurecimiento de los requisitos que dificultará el acceso a las prestaciones. A pesar de que hasta la próxima semana no se reunirá la ponencia parlamentaria encargada de estudiar las enmiendas de los grupos a la modificación de la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social, PSE y PP acercan posturas. Y uno de los aspectos en los que ya hay un principio de acuerdo es, precisamente, en el más efectivo para restringir el acceso a las ayudas: el requisito de empadronamiento. Si bien el PP exigía elevarlas de un año a cinco -en el caso de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y el complemento de vivienda (PCV), seis meses en el de las Ayudas de Emergencia Social (AES)-, el punto de acuerdo está en elevar a tres años la exigencia de empadronamiento para solicitar ayudas, o de cinco de cotización en la Seguridad Social. La medida afectará a quienes soliciten las ayudas cuando se lleve a cabo el cambio legal -entraría en vigor en enero de 2012, según las fuentes consultadas-, pero no a quienes ya las están percibiendo, alrededor de 55.000 personas.

Cataluña elevó a finales de agosto este requisito de un año a dos

En lo que también hay acuerdo entre los dos partidos es en la tramitación de la RGI y la PCV desde Lanbide, el motivo por el que el Gobierno remitió al Parlamento la propuesta de cambio de la ley. Este paso ha sido aprovechado por el PP para retomar sus propuestas de endurecer el acceso a las ayudas. Fue uno de los principales impulsores de este tipo de medidas durante la campaña del 22M, el ahora alcalde de Vitoria, Javier Maroto, el que difundió ayer parte de los detalles de la negociación que hasta ahora se mantenía fuera de los focos mediáticos entre PSE y PP. Maroto defendió en una comparecencia pública que "no se puede tratar igual a una persona que ha trabajado toda la vida y tienen una necesidad que a otra que acude al sistema para vivir de él". Un tercio de quienes reciben la RGI son jubilados o pensionistas que complementan sus escasos ingresos con la ayuda y otro tercio son personas con bajos salarios que la utilizan de la misma manera. El regidor vitoriano aseguró que la medida beneficiará a los jóvenes autóctonos que no han trabajado nunca y evitará el "efecto llamada" en Euskadi. Los principales afectados por este futuro endurecimiento de los requisitos serán los inmigrantes.

Euskadi sigue así la estela de Cataluña. El Gobierno catalán aprobó a finales de agosto un decreto con el que elevó de un año a dos la exigencia de empadronamiento para recibir la renta mínima, una medida que se suma a retrasos en el pago de las ayudas que han generado polémica.

Ayer seguían los contactos entre PSE y PP, ya que el cambio del empadronamiento no es el único a debatir -también hay medidas para elevar el control de las ayudas y dificultar el fraude social en las que podría haber acuerdos-. Queda en el aire la postura que tomarán el resto de grupos.