La Audiencia Nacional investigará el bloqueo al Parlament

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco aceptó ayer investigar "los hechos ocurridos el 15 de junio de 2011 frente al Parlamento catalán" tras una protesta convocada por el movimiento 15-M, algunos de cuyos integrantes trataron de impedir el acceso de los diputados a la Cámara autonómica, al considerar que podrían constituir un delito contra Altos Organismos de la Nación.

Velasco sigue el criterio de la fiscalía, que el lunes le pidió que asumiera la competencia por estos hechos, denunciados en una querella presentada por el sindicato ultra Manos Limpias, pero que rechazara investigar el resto de los incidentes ocurridos en Barcelona y otras poblaciones con ocasión de las protestas del 15-M.

Velasco admite la querella de Manos Limpias solo en lo que se refiere "al delito contra las Instituciones del Estado, sin extenderse al resto de incidentes que afecten al orden público que no vayan contra la Alta Institución del Estado [el Parlamento de Cataluña]".

El juez fija una fianza de 3.000 euros para que el sindicato Manos Limpias, que no tiene representación en ningún centro de trabajo, pueda personarse como acusación popular, "dado el interés ciudadano (...) en la persecución de delitos que afectan a sus instituciones esenciales". Esta cantidad es sensiblemente inferior a la sugerida por el fiscal, que pidió 50.000 euros de fianza tras acusar a Manos Limpias de querer abrir una causa general contra el 15-M, y aseguró que la querella presentada tenía "cierto carácter fraudulento" y constituía "un cierto abuso de derecho".

Posible delito

Los incidentes del 15 de junio tuvieron lugar tras la convocatoria por parte del movimiento 15-M de una protesta frente al Parlament, donde se iba a celebrar el debate sobre los Presupuestos de la Generalitat, contra los recortes económicos y sociales.

Varios diputados fueron rodeados, insultados e incluso algunos manchados con pintura, pese al cordón policial, mientras que otros como el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, tuvieron que acceder al edificio en helicóptero.

El delito que puede imputarse a los autores de esos hechos es el recogido en el artículo 498 del Código Penal, que fija penas de tres a cinco años de cárcel para los que "emplearen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir" a cualquier cargo electo "asistir a sus reuniones".