135

La aprobación del nuevo artículo 135 de la Constitución, cuyo principal objetivo es garantizar el principio de estabilidad presupuestaria en todas las administraciones públicas ¡a partir de 2020!, ha sido en realidad una de las pocas decisiones en que "la clase política" española ha mostrado un comportamiento razonablemente responsable en medio de esta larga crisis que parece no acabar nunca.

Y sin embargo, de manera sorprendente, no son pocos los que están mostrando su total desacuerdo. Los nacionalistas, en primer lugar, ofendidos por no haber contado con ellos para la foto inicial; pero también Izquierda Unida y buena parte de los sindicatos, quienes al parecer todavía no se ha enterado de que la globalización existe y de que el déficit estructural permanente (que es de lo que estamos hablando) no es, en sí mismo, ni de izquierdas ni de derechas, sino más bien de gobiernos irresponsables. Y, en fin, aquellos que creen que proponiendo un referéndum la mar de democrático, se ganarán las simpatías del movimiento 15-M, ocultando que un debate público sobre asunto tan delicado sería terreno abonado para la demagogia fácil y el populismo seudo izquierdista.

Porque me gustaría saber qué hay de neoliberal, poco progresista o antidemocrático en la constatación de que "la estabilidad presupuestaria adquiere un valor verdaderamente estructural y condicionante de la capacidad de actuación del Estado... (y) del mantenimiento y desarrollo del Estado Social"

O en que se acuerde, como se hace en el artículo 2, que "el Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros"

O en que se recurra a una Ley Orgánica para fijar "el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto"

O, en fin, que se exija que "los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta".

Y todo ello sin mencionar que se deja la puerta abierta a saltarse los límites del déficit y del volumen de deuda pública en el caso de "catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados".

O sea, que para una vez que los grandes partidos asumen de facto su total incapacidad para controlar el gasto público y se autolimitan constitucionalmente, obligándose a actuar en el futuro fundamentalmente a través de la mejora de la eficiencia del sector público (que es la única estrategia de izquierda genuina para la España actual) resulta que tampoco esto deja satisfechos a todos. En fin, que no nos pasa más porque Dios no quiere.