La reclamación de otros 116 millones complica las cuentas municipales

Igual ya resulta redundante, pero en los ayuntamientos gallegos se masca la tragedia. Sus deudas ascienden a 641 millones, se enfrentan a sanciones por no haber auditado las cuentas del año pasado y, por si fuera poco, el año que viene tendrán que comenzar a devolver los adelantos que recibieron del Estado en 2009 de acuerdo con una previsión de ingresos que luego se desplomó. Estas últimas liquidaciones en su contra suman 116 millones, que se les retendrán de las asignaciones que reciben desde Madrid durante los próximos cinco años.

Los ayuntamientos grandes y de capitales de provincia deberán reintegrar 69,5 millones y el resto, otros 47 millones. Algunos, como Ames, están al borde de la quiebra. "A los 400.000 euros que el Estado podría dejar de transferir debido a que Carlos Fernández [el anterior regidor] no auditó la cuenta de 2010, ahora se suma el hecho de que debe devolver 1.382.000 euros de la liquidación de 2009. Ames hoy no tiene dinero para el gasto corriente", alerta su nuevo alcalde, Santiago Amor (PP). Cuando toca ajustarse el cinturón empiezan a aflorar las miserias. "El anterior regidor actuó desde la irresponsabilidad. Se hicieron gastos innecesarios, como un vídeo promocional que costó 8.000 euros o los 70.000 euros de ajardinamiento de un cementerio", reprocha Amor. Su antecesor, que todavía preside la Federación Gallega de Municipios y Provincias, recuerda que los ayuntamientos soportan "hasta un 30%" de competencias no reconocidas en el esquema de financiación actual y que corresponden a otras administraciones. Varios ayuntamientos gallegos de tamaño medio, como Silleda, Moaña o Cangas, se han salvado por la mínima este verano de cortes de luz por impagos. En Vimianzo incluso han ofrecido la Casa da Cultura a un constructor para saldar deudas.

"La reclamación es un palo para todos los municipios", dice un alcalde

Ames debe devolver 1,3 millones y se encuentra al borde de la quiebra

Las nuevas reclamaciones son un golpe muy duro para las finanzas municipales, ya que suponen entre un 15% y un 20% de las transferencias que realizó ese año el Estado. "Intentamos reducir todos los gastos, no tenemos otra opción, pero va a ser muy difícil porque además estamos amortizando 900.000 euros al año en créditos". Julio Sacristán, alcalde de Culleredo (PSOE), uno de los municipios medianos más afectados, confía sin embargo en que la Federación Española de Municipios y Provincias presente una propuesta para duplicar el plazo de devolución. En Vilagarcía, el nuevo Gobierno trabaja con los presupuestos prorrogados de 2010 y prepara un plan de saneamiento. Tras liquidar el ejercicio pasado, la tesorería presenta unos números rojos de 3,8 millones y el nivel de endeudamiento, del 87%, supera al que marca la ley, según el alcalde Tomás Fole (PP). Su Gobierno reconoce importantes retrasos del pago a proveedores, que reclaman al consistorio 6,8 millones.

En Ponteareas, el alcalde, Salvador González Solla (PP), cree que la reclamación del Estado es "un palo para todos los ayuntamientos", y ataca al Gobierno por utilizarlos, dice, "como conejos de indias". "Cada liquidación negativa te hace polvo. La situación se puede volver muy grave", alerta. En los últimos meses ha renegociado las tarifas de móvil, recortado un 31% la retribución del Gobierno local y estudia qué hacer con la televisión local, un lujo que algunos ayuntamientos todavía se permiten.

En las siete grandes ciudades se nota que la presión es menor porque tienen más capacidad recaudatoria y poder para recurrir a nuevos créditos. En A Coruña la deuda alcanza 77,35 millones, lo que significa multiplicar por tres la que tiene Vigo y equivale "a la suma de la deuda de Vigo, Ferrol y Pontevedra", según el portavoz municipal, Julio Flores. Del año 2009 deben devolver 18,4 millones, que se suman a los 5,9 millones de las liquidaciones de 2008. Vigo espera pagar con holgura. "Somos la ciudad menos endeudada de España", se ufana el alcalde, Abel Caballero.