La Junta se atasca en la venta de las fincas de la Reforma Agraria

Al Gobierno andaluz le está costando más de lo esperado deshacerse del patrimonio del antiguo Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA). El decreto ley que daba carpetazo oficialmente a la Reforma Agraria del año 1984 abrió el pasado enero el plazo de un año para que todos los colonos que venían explotando las tierras optaran a la compra de las mismas y adquieran la condición de propietarios. Se abre, por tanto, una carrera contrarreloj en un proceso del que ya se sabe que será muy difícil ingresar los 75 millones de euros que se habían previsto por la enajenación de casi 20.000 hectáreas de terrenos agrícolas.

La Consejería de Agricultura sacó a la venta en el mes de junio el primer lote de una decena de fincas del extinto IARA, donde se incluían un buen número de ellas que no habían sido ocupadas por terceras personas y tenían un carácter público. Cuatro meses después, tan solo se ha completado el proceso de enajenación de dos de ellas, La Melga, en Chiclana de Segura (Jaén), y otra en la zona regable del Chanza (Huelva). Por ambas se ha ingresado poco más de un millón de euros.Las subastas no están saliendo como se esperaba y ambas fincas salieron a un precio menor del previsto después de algunos lotes quedaran desiertos en primera instancia y tuvieran que ofertarse de nuevo a un precio rebajado.

En las ventas se incluyen inmuebles y derechos a las ayudas europeas

Otras seis fincas están en estos momentos en proceso de subasta pública: Se trata de 343 hectáreas de explotaciones agrarias por las que se quiere ingresar siete millones de euros. Son las de Chozones y Cortijo Vaquero (Granada), Barruelos y Las Juntas (Jaén) y Atochares y El Buho (Almería). La de Chozones es la que tiene un precio de salida más alto, 3,7 millones de euros.

Y el proceso no se ha iniciado aún en las dos fincas de mayor extensión, La Parra, en La Puebla de Don Fadrique (Granada), y Somontes, en Palma del Río (Córdoba). Entre ambas suman más de 1.000 hectáreas. Los usos agrícolas predominan en todas, alternándose tanto el regadío como el secano, y aprovechables para cultivos como el trigo o el olivar. En la venta también se incluyen las naves y cortijos y los derechos sobre las ayudas europeas que tienen asignados esas explotaciones.

Además de la venta de 13 fincas que estaban en poder del IARA, Agricultura mantiene de modo paralelo otro proceso para ofrecer a los colonos la posibilidad de adquirir en propiedad las tierras que han venido trabajando como arrendatarios. Este proceso, del que Agricultura no ha querido informar, es donde más se espera ingresar. La mayoría de los 547 concesionarios de fincas rústicas del extinto IARA han mostrado su disposición de asumir su propiedad después de más de dos décadas en calidad de colonos.

Una de ellas, la finca La Señuela, gestionada por 11 colonos de la cooperativa La Amistad, en Lebrija (Sevilla), ya ha cerrado su operación con la Junta a un precio de 18.000 euros cada uno de los siete lotes que se han adjudicado, según confirmó su presidente, Antonio Marín. A la espera de recibir la resolución de Agricultura se encuentra la cooperativa Fuente Alamillo, que explota la finca Merlina en el Bajo Guadalquivir, entre Lebrija y Las Cabezas de San Juan.

En este proceso de venta preferencial a los colonos, la Junta actúa como si fuera un banco. Al valor de enajenación de estas tierras se le está aplicando una reducción de hasta un 65% en función a criterios de antigüedad, la generación de empleo cuantificada, así como al esfuerzo inversor efectuado por los colonos. La normativa prohíbe la venta, división o segregación de los terrenos durante un plazo de 25 años.